Con testimonios que conformaron una contundente enumeración de las irregularidades que ocurrieron en la obra de ampliación de la Escuela 144 de Aguada San Roque, se desarrolló la primera semana de audiencias en el juicio que intenta determinar las responsabilidades de cuatro funcionarios de Obras Públicas de la Provincia de Neuquén y de dos integrantes de la empresa constructora en la explosión del 29 de junio de 2021, que terminó con las vidas de la docente Mónica Jara y de los trabajadores Nicolás Francés y Mariano Spinedi.
Darío Kosovsky, uno de los abogados querellantes, se mostró conforme con lo acontecido en las primeras cinco audiencias de jornada completa, que se realizaron en la Sala 12 de la Ciudad Judicial de Neuquén.
-¿Cuál es el balance de este inicio del juicio oral y público?
-Como balance de la semana creo que hemos logrado demostrar casi todos los puntos a los que nos comprometimos en el alegato de apertura. Está muy en claro que esta era una obra clandestina. Está muy claro que Obras Públicas había certificado esta obra como terminada al 100 por ciento, incluyendo todas las tareas de gas y todas las tareas de seguridad de la cañería de gas, el 12 de marzo de 2021. Recordemos que esto explotó tres meses y medio después. Y creo que hemos podido probar, además, que desde el 12 de marzo de 2021, cuando dieron como terminaba esta obra al 100 por ciento, hicieron múltiples tareas de ocultamiento y de dilación para evitar aplicarle multas y sanciones a la empresa. Por el contrario, fueron inventando distintos papeles a lo largo del tiempo, fueron disimulando nuevas tareas por cumplir, que en realidad eran tareas que estaban dentro del dinero y del plazo comprometido originalmente por las empresas y requerido por la administración. Entonces, creemos que estamos cerrando la presentación de un caso muy, muy claro de corrupción. Corrupción porque la administración pública de los funcionarios imputados, en lugar de proteger los intereses de la comunidad, el dinero de todo el pueblo de Neuquén, se ocupó de defender los intereses de la empresa sobre la base de la desidia absoluta de parte de cada uno de los funcionarios. Todos y cada uno de ellos, en diferentes oportunidades, como hoy se pudo ver con la incorporación de comunicaciones intercambiadas entre los funcionarios, los funcionarios con el representante técnico de la obra, el representante técnico de la obra con el dueño de la empresa, todos pudieron en diferentes momentos a lo largo del tiempo, desde el 12 de marzo de 2021 hasta el día de la explosión, haber evitado que la explosión ocurriera. Todos podrían haber evitado que hubiera chicos ese día, todos pudieron haber evitado que estuviera la docente, la directora en la escuela, que estuviera la docente Mónica Jara, que estuviera Nicolás Francesa ahí trabajando. Son tantas las irregularidades… Pero las más claras creo que ya están a la vista del tribunal en esta obra clandestina, que la administración afirma que había terminado al 100% y que era segura. Esta es la clave. Estas personas que están acá imputadas, tres meses y medio antes afirmaron que esa escuela era segura para habitar, que era segura para dar clases. El escudarse en que no haya sido entregada formalmente no es ninguna justificación para todos los incumplimientos que tuvieron a lo largo del tiempo y que determinaron que la directora se encontrase en situación de entender, tal como se lo comunicaron, que el gas estaba habilitado y que la escuela estaba habilitada para funcionar.
-La estrategia de la defensa es intentar demostrar que la directora fue quien decidió dar las clases presenciales y que el gasista fue el que cometió el error que provocó la explosión…
-Es la misma estrategia que siempre existe desde el poder, es atacar a los más débiles, a quienes no se pueden defender, que hoy ya no están. Y bueno, jamás un mea culpa, jamás una afirmación de que alguien cometió un error de parte de los funcionarios, ni siquiera de los miembros de la empresa. Y, además, si bien con defensores particulares cada uno de los imputados, se ve una defensa muy en bloque. A mi juicio, porque lo que no quieren comprometer son futuros negocios. Eso es una especulación, no es que esté probado, pero de lo contrario, como son tan graves las irregularidades y son tan evidentes, cualquiera de ellos podría señalar claramente al otro en su falta. Hoy vino un perito de la Policía que investigó las antenas y nosotros mostramos libros de obra donde afirmaban que estaban en el lugar de la obra dos personas, que son Bulgheroni y Percat, midiendo cada uno de los avances de obra y manifestando que estaba al 100 por ciento. Y eso es una mentira tan grosera que las antenas de telefonía celular pudieron ayudarnos a determinar que ese día no sólo no estaban en Aguada San Roque, sino que uno estaba en Neuquén y el otro estaba en San Martín de los Andes. Entonces, esta plaga de irregularidades, que el primer día fue mencionada por las defensas como algunas irregularidades administrativas, están muy lejos de serlo. Son actos de corrupción.
-Hoy se escuchó un audio durante el testimonio de un perito informático en el que uno de los imputados se refería a la obra como “clandestina”. ¿Qué podés decir sobre ese episodio?
-Creo que es un reconocimiento de responsabilidad, es una declaración hecha voluntariamente antes de la explosión con una contraparte, que es Gabriel Potás, arquitecto del área de Obras Públicas, donde más de un mes después de la certificación al 100 por ciento, el propio representante técnico de la empresa le estaba manifestando a un funcionario público de la Provincia que había tareas clandestinas realizadas en la obra, de que había un relevamiento de más de 20 calefactores que no habían tenido en cuenta, donde manifiesta expresamente que va a tener que disfrazar en un nuevo contrato la realización de eventuales pruebas de seguridad. Habla de corrimiento de muebles y de electrodomésticos vinculados con el gas en la obra y, con posterioridad, pudimos demostrar también con esta información de las comunicaciones vía celular, que después de que el representante técnico de la obra manifiesta todo esto voluntariamente, el director de Obras Públicas fue a Aguada San Roque y vimos imágenes donde faltan dos calefactores que se pusieron días antes de la explosión; pudimos ver que Carlos Córdoba, también director de Obras Públicas, se comunicaba en términos absolutamente informales y amigables con Héctor Villanueva, el dueño de la empresa Arte Construcciones, y le decía que esté tranquilo que el lunes le mandaba el certificado. Esto fue un viernes y, efectivamente, el lunes le envió un mensaje con la imagen del certificado al 100 por ciento de finalización de obra. Esto un mes y medio antes de la explosión. También pudimos ver cómo el subsecretario de Obras Públicas tenía un tono de familiaridad absoluta en la comunicación con el contratista, con el dueño de la empresa y en donde hay manifestaciones impropias respecto del tipo de relación en el marco de la ejecución de una obra. En resumen, para nosotros ha sido el cumplimiento de la promesa a los jueces de que íbamos a traer un caso de corrupción que mató, un caso de funcionarios que miraban para el costado, un caso de pagos indebidos, un caso donde sabíamos y anticipamos que las defensas iban a querer echarle la culpa a las víctimas y creemos que no lo van a poder lograr.
