La Colectiva Feminista La Revuelta y Socorro Violeta exigen al Poder Ejecutivo que cumpla con la medida judicial que le ordenó otorgar funciones efectivas a Silvana Cabezas, una trabajadora que en 2022 denunció que había sufrido acoso laboral y sexual en la subsecretaría de Trabajo, por parte de quien estaba a cargo del organismo, Ernesto Seguel.
Describen que, como represalia, la trabajadora dejó de percibir su salario y de recibir tareas en diciembre pasado. Ahora debe ser reincorporada a su puesto de trabajo pero la Provincia no acata la medida judicial, pese a que por tratarse de una medida cautelar debe tener cumplimiento “inmediato”.
En mayo pasado, el juez subrogante Santiago Montórfano, a cargo del juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Zapala, ordenó al actual ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, Lucas Castelli que “otorgue funciones efectivas, conforme conocimientos técnicos y saberes de Silvana Cabezas en la localidad donde reside”. Pero la medida aún no se hizo efectiva.
Con motivo de este incumplimiento, desde La Revuelta y Socorro Violeta impulsan un petitorio y juntan firmas para exigirle al gobierno de Neuquén que cumpla la medida judicial.
Allí recuerdan que en septiembre del 2022, la trabajadora que denunció a su jefe or violencia sexual en el ambito laboral solicitó medidas de protección al ex gobernador Omar Gutiérrez y al ministro de Desarrollo Social, y en octubre de 2022 recurrió al Poder Judicial porque no se adoptaron medidas. “En ese mes, Seguel renunció con el silencio cómplice de las autoridades gubernamentales y accedió a su jubilación. Lo reemplazó Nelson Sandro Alegría quien, de manera sistemática realizó acciones para destruir la reputación de la trabajadora e impedir el ejercicio de su trabajo, como represalia”, indican.
Añaden que “La Oficina de Intervención en Violencia Laboral provincial, creada para prevenir, intervenir y proteger a las personas en situaciones de Violencia Laboral, indicó reincorporarla” y que “esto no se cumplió pese a que las recomendaciones son de carácter obligatorio”.
“A la fecha, la provincia incumple esa medida judicial y, de manera insólita a través de la fiscalía de estado impugnó la cautelar. La violencia laboral e institucional persiste contra la trabajadora por atreverse a denunciar. Esa respuesta es regresiva, pretende disciplinar y desalentar a que otras rompan el silencio”, señalan en el comunicado.
Quienes deseen firmar el petitorio, pueden hacerlo ingresando acá:
