“Después de tantos años de castigo físico y cultural, es indignante que los mapuche tengamos que volver a autoflagelarnos y decidan encadenarse a una baranda: es humillante, indignante y ofensivo”, reflexionó Jorge Nahuel, dirigente de la Confederación Mapuche de Neuquén, frente a la Casa de Gobierno, donde integrantes de cuatro comunidades permanecen encadenados desde hace varios días y noches.
Los mapuche exigen al gobierno provincial la entrega del papel que les reconoce la personería jurídica y sostienen que les asiste ese derecho. La necesitan para resolver acuciantes situaciones comunitarias y plantearon que no se moverán hasta lograrlo.
Cuando cumplieron con las exigencias según el expediente tramitado en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), desde el ministerio de Gobierno que conduce Jorge Tobares se les indicó que el decreto se firmaría en breve. Meses después, tuvieron varios encuentros. El último, se produjo la semana pasada sin avances sobre una documentación que el gobernador Rolando Figueroa debe firmar.
Al segundo día de dejarlos plantados, desde el Gobierno advirtieron que podrían desalojar a quienes llevan adelante la medida de fuerza. La amenaza no logró socavar la protesta en las puertas de Casa de Gobierno.
“Esto va a terminar con la entrega de la personería jurídica de las comunidades. Como organización les dijimos que puede demorar una semana o un mes, que no sería un corto tiempo, pero dijeron que no se iban, que se iban a encadenar. Es indignante, humillante y ofensivo, pero las comunidades están dispuestas a hacerlo porque de otra manera no le vamos a abrir la conciencia a estos gobernadores”, repitió Nahuel.
Hombres y mujeres mapuche ataviadas con sus ponchos de abrigo para afrontar el frío patagónico y sus ornamentos culturales para campear la mirada de los no mapuche, permanecen hace cuatro días en la vereda alrededor del fuego de un tacho improvisado que sirve para templar la rueda y calentar el agua del mate.
Hombres y mujeres mapuche ataviadas con sus ponchos de abrigo para afrontar el frío patagónico y sus ornamentos culturales para campear la mirada de los no mapuche, permanecen hace cuatro días en la vereda alrededor del fuego de un tacho improvisado que sirve para templar la rueda y calentar el agua del mate.
La bandera mapuche acompaña las consignas de reclamo en los carteles que visten las ruedas de prensa, al igual que la foto de Noemí Labrune, la dirigente de derechos humanos que las comunidades adoptaron como integrante de su pueblo nación.
Nahuel recordó que el registro de las comunidades con sus personerías jurídicas “es una obligación que tiene el Estado; no es que nos reconocen, existimos, nos registran como a una persona cuando le dan un documento de identidad, es nuestro derecho”, insistió Nahuel.
Nelson Cárdenas, de la comunidad mapuche Rañilew Cárdenas, en Bajada Colorada, Collón Curá, es uno de los encadenados. En diálogo con Intempestiva, explicó que adoptaron esta modalidad en las puertas del edificio donde el gobernador tiene su despacho “por la sordera del gobierno que se había comprometido en 2024 a entregar cuatro personerías”.
Agregó que la promesa “fue en Añelo, cuando nos quedamos en los basureros petroleros. Esa noche levantamos la protesta con el compromiso que en 15 días entregaban las personerías. El ministro Tobares y su gente fueron al territorio con el compromiso de que nos entregaban las personerías. Pasaron 300 días y sigue todo igual”, destacó.
Los Rañiñew Cárdenas son 11 familias que viven entre Picún Leufu y Piedra del Águila, a unos 200 kilómetros de Neuquén capital hacia la cordillera.
Están también las comunidades de Futa Xayen, camino a Añelo, hacia el oeste (a unos 80 kilómetros de la capital), Newen Kurá (en Rincón de los Sauces), a unos 240 kilómetros al norte de Neuquén) y Kelv Kurá, cerca de Cutral Co, en la zona de Portezuelo, a 115 kilómetros de Neuquén capital.
El petróleo y los Vientos Neuquinos
Los Cárdenas tienen 135 años de permanencia ininterrumpida en Bajada Colorada y son descendientes de Venancio Rañileo, el primer poblador. “Nos dedicamos a criar animales, ovejas, vacas y caballos en el sustento de cada día”, describió Nélson.
Gladys, su hermana explicó que la personería les permitirá gestionar ante la comisión de Santo Tomás para que les lleven agua potable, como lo hacen con otros pobladores en las inmediaciones.
También para hablar ante la corporación Vientos Neuquinos, que antes de 2020 ingresó al campo con papeles bajo el brazo que le dio el gobierno de entonces, que concesionó el lugar como si estuviera deshabitado.
Los hermanos Cárdenas son productores de ovejas merino y chivas angora; tenían documentación de dominio y posesión firmadas por la dirección de Tierras, pero nada de eso sirvió para evitar la construcción del parque eólico en las pasturas de parición.
“La situación sigue igual, no logramos nada (en las intensas gestiones que hicieron en las dependencias de gobierno) y perdimos todo con las ovejas, con las chivas las estamos peleando y en este momento tenemos una situación grave porque no nos proveen agua. Con este gobierno cambiaron las personas y nos dicen que entraron respetando lo que les correspondía. Ahora la situación es de total carestía y ni siquiera la gente del parque se molestó en darnos una solución”, cuestionó.
Nelson recordó que cuando construían los aerogeneradores que proveen de energía al sistema interconectado “entraron sin respetar a nadie ni a los que estábamos viviendo en el lugar. Nos instalaron un parque eólico dentro del territorio”, reforzó.
“Estamos dispuestos a quedarnos hasta que aparezca el Gobernador y nos diga por qué no nos quiere entregar la personería. Tobares firmó actas y cada vez pidió más tiempo, sin resolver. Esto nos corresponde por ley, está escrito en los tratados internacionales y en la constitución nacional y la de la provincia. En la zona de Vaca Muerta, (los concesionarios de yacimientos) entran en los territorios y rompen todo, al no tener personería, te ignoran y te pasan por arriba”, sostuvo.
Nahuel planteó que el gobierno provincial impulsa la negociación directa con las petroleras en los campos y el Estado se ofrece como mediador. “Las empresas están dispuestas, pero reducen a un toma y daca económico lo que es el derecho a la consulta libre, previa e informada por las obras en el territorio y se evitan la aplicación de la ley”, recordó.
Insistió que la Constitución y las leyes prevén el derecho a la consulta y audiencia pública para garantizar el resguardo y la seguridad de que no se afectará el sistema económico ni las prácticas comunitarias de la comunidad mapuche en el territorio, que es lugar de explotación petrolera.
