Las políticas de odio y miseria planificada que encarna el Gobierno nacional se reflejan en discursos y hechos concretos. Brotan desde el propio presidente, Javier Milei, y descienden hasta el más radical y enfermizo seguidor libertario o antiperonista. Priorizan opiniones basadas en el agravio, la descalificación y el hostigamiento constante a quienes piensan distinto. Y lo hacen a través de los medios hegemónicos, las redes sociales y distintas plataformas. A ese frente se le suma la ministra Patricia Bullrich, brazo político que planifica y ejecuta la mano dura contra trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, gremios y jubilados. También contra una niña de 10 años.
Si bien hubo algunos intentos que amagaron con otro escenario, la realidad es la que impulsa el Gobierno y el miserable aval de sus aliados de lujo. El primer paro general de la CGT, las acciones judiciales contra el DNU y hasta la masiva movilización en defensa de las universidades fueron parte de ese intento. Pero la aprobación de la Ley Bases bajó esa expectativa de un plumazo.
Hoy, todo es cuesta arriba. Las acciones que despliega La Libertad Avanza desde diciembre parecen no tener un freno. La represión contra el pueblo, tampoco.
Mientras el Papa Francisco cuestiona el accionar del Gobierno y asegura que en vez de pagar justicia social pagó el gas pimienta, en Neuquén, la diputada Branda Buchiniz (Cumplir) impulsa en la Legislatura el protocolo Bullrich y busca ratificarlo a través de una consulta popular vinculante. ¿Pasará sin pena ni gloria por el recinto? ¿Alcanza con las expresiones de repudio para frenar el desembarco de la mano dura en la provincia? ¿Es una provocación que sólo busca ocupar espacio en los medios de comunicación?
Estefanía Buamscha, abogada, docente y comisionada para la prevención de la tortura en Neuquén:
El protocolo Bullrich, que la diputada Brenda Buchiniz pregona con orgullo e incentiva a que adhiera la Provincia, no es más que un ataque directo al derecho a la protesta, persigue y criminaliza a quiénes se manifiestan y a las organizaciones sociales y políticas. Dicen que para muestra basta un botón, basta con hacer 1.200 Km hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ver los resultados de su implementación, donde los organismos de Derechos Humanos, como El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y los Comités Locales de prevención, tanto de la provincia de Buenos Aires como de CABA, han monitoreado las diferentes manifestaciones que se han realizado desde la implementación del mismo y han observado el uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza, con el uso de gases lacrimógenos a corta distancia y dirigidos a los rostros de las personas, el uso de balas de goma, el avance de motos policiales sobre los manifestantes, la agresión directa a grupos vulnerables, como niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores, provocándoles lesiones de diferente gravedad, aprehendidos, detenidos y múltiples heridos.
El Estado debe y está obligado a respetar y garantizar la protesta social; el protocolo incumple la normativa nacional e internacional vigente.
¿Cómo piensan los y las legisladoras políticas públicas eficientes y de calidad si no dialogan con la ciudadanía y conocen sus reclamos? La alternativa a encontrar soluciones de fondo a los reclamos colectivos no puede ser la implementación y legitimación de la represión de la protesta social a través de las fuerzas de seguridad. Como provincia debemos ser ejemplo de construcciones dialoguistas y de búsquedas de alternativas democráticas y pacificas para resolver los conflictos.
Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE y la CTA Neuquén
Desde ATE repudiamos y rechazamos el proyecto presentado por la diputada (Brenda) Buchiniz porque no condiciona las protestas de sindicatos, organizaciones sociales, pueblos originarios y partidos políticos. La verdad es que Buchiniz llegó al cargo sólo por estar dentro de una lista no porque alguien la haya elegido especialmente. Si ella tiene tantas ganas de ser ministra de Seguridad, que se vaya con Patricia Bullrich al ministerio de Seguridad de Nación. Jamás presentó nada productivo en Neuquén; jamás presentó un proyecto para paliar la pobreza, para paliar la miseria, para paliar la desocupación, simplemente ha presentado proyectos ridículos con el único objetivo de salir a la escena política con ridiculeces, como se maneja la Libertad Avanza, con cuestiones mediáticas que, muchas veces, esos planteos rozan lo ilegal.
Walter Pérez, presidente de la APDH Neuquén
El Gobierno nacional sólo con represión puede ejecutar el plan de hambre contra el pueblo argentino. Esa es la razón que dio origen al “Protocolo Bullrich”, que intenta expandirse en todo el país para acallar la protesta social.
Seguramente, para cumplir con su “Jefe”, la diputada provincial de la LLA, Brenda Buchiniz promueve un proyecto en la Legislatura de Neuquén para que se aplique ese protocolo.
Repudio y rechazo una iniciativa de estas características en una provincia donde tenemos que lamentar el crimen del maestro Carlos Fuentealba, en la represión policial del 4 de abril de 2007. Parece ser que la diputada no tiene memoria y que con palos y gases quieren acallar las demandas sociales de trabajadores, de comunidades mapuches.
Confío en que el sentido común de la mayoría de los y las diputadas de Neuquén no avalará semejante iniciativa.
Claudio Salazar, secretario general de SEJuN
Nos parece un verdadero retroceso que se interponga un proyecto de estas características, pero forma parte de la política del Gobierno nacional, donde hay ajustes permanentes, despidos de trabajadoras y trabajadores, donde hay tarifazos y donde se le garantiza al capital concentrado beneficiarse con fabulosos negociados. En ese contexto, a todo aquel que quiera protestar o manifestarse, el gobierno de Milei le garantiza represión. Por eso es importante que la sociedad neuquina en su conjunto rechace este proyecto con las características del protocolo Bullrich. En una provincia que es capital de los Derechos Humanos y donde el derecho a manifestarse está garantizado constitucionalmente, y en nuestra provincia eso se cumple, nos parece que la sociedad debe expresarse y enviarle un fuerte mensaje a las y los diputados para que archiven inmediatamente la iniciativa.
Matías Medina, referente de Identidad Neuquén
El protocolo antipiquete llevado adelante por el Gobierno nacional trajo consigo la implementación de la represión por parte de las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones de diferentes sectores sociales que vieron abolido sus derechos a huelga, a la protesta de la ciudadanía en defensa del trabajo, el derecho a la alimentación, a la educación, a la tierra y a la vivienda. Claro está que lo mismo quieren replicar en nuestra provincia.
En sintonía al gobierno de Milei, el gobernador Rolando Figueroa busca instalar en la sociedad el miedo, la estigmatización de la clase trabajadora y de los y las luchadoras sociales. Busca imponer la política del hambre y la miseria, de dejarte sin trabajo si salís a exigir mejores condiciones salariales. Las organizaciones sociales, en particular, padecen la persecución de quienes sostienen comedores y merenderos con injustas causas que cuenten con el aval de la Justicia.
Consideramos un despropósito el hecho de que una diputada electa por la voluntad popular traicione a la ciudadanía y rechazamos el intento de introducir este protocolo, que nos llevaría a agudizar la desigualdad social, incrementando la inseguridad y el hambre. El Gobierno provincial debiera ocuparse del avance del narcotráfico e invertir en mayor seguridad, salud y educación.
Ángel Zalazar, militante de ATEN y consejero gremial en el ISSN
Llama la atención que diputadas y diputados que despotrican permanentemente contra el Estado y que pretenden eliminarlo, intenten usarlo para garantizar el saqueo y que lo hagan mediante la represión. Y no es casual que en Neuquén lo lleven a cabo poniendo a la actividad extractivista por encima de cualquier derecho del pueblo.
Es muy clara la intención que tienen al hablar de algunos derechos, como puede ser el de la libre circulación, pero en ningún momento se plantean las razones por las que la sociedad llega a esa instancia. Los cortes y las marchas son la expresión popular para exigirle al Estado el cumplimiento de derechos. Y en la mayoría de los casos se llega a esa acción luego de no ser escuchados ni atendidos por quienes tienen la obligación de dar respuestas.
En el caso de Neuquén, tenemos sobradas muestras de lo que significan estás políticas. Acá nació el cutralcazo, como producto de un estadillo social luego de que el neoliberalismo dejara a un gran porcentaje de la población sin trabajo. Y en esta “nueva” Argentina parece que todo vuelve a repetirse. Hoy vivimos la aplicación de esas viejas políticas de los ‘90. Por eso no es raro escuchar planteos como el que hace la diputada Buchiniz. Lo que sí es llamativamente contradictorio, es que la ministra Patricia Bullrich, quien en medio de una pandemia convocaba a manifestarse y en más de una oportunidad cortó la Avenida 9 de Julio sin recibir ninguna acción represiva por parte del Gobierno de turno, sea quien decida hoy ejercer la represión. Igual no nos sorprende, basta con recordar lo que sucedió con Rafael Nahuel y Santiago Maldonado mientras ella era ministra de Justicia. El Gobierno de Milei es la continuidad de la política represiva y nosotros tenemos que fortalecernos para enfrentarlo y frenarlo.
Raúl Dobrusin, Centro Jubilados ATE Neuquén e integrante de Unidad Popular Neuquén
Decididamente, la empleada de Patricia Bullrich que cobra su sueldo de diputada provincial, gracias al voto de algunas y algunos neuquinos que no la conocían, no tiene ningún interés por los temas que necesitamos los neuquinos. Debería estar exigiendo que el Gobierno nacional de su partido cumpla con las obras públicas programadas o, al menos, con las pocas que firmó con el gobernador; tendría que ver qué podemos aportar para ayudar a las y los jubilados nacionales que están por debajo de la línea de indigencia; qué se puede hacer para incorporar con empleos a las y los trabajadores neuquinos del Estado nacional que fueron despedidos; cómo hacer que la riqueza de Vaca Muerta se derrame en nuestra provincia, etc., etc., etc. Nada de eso hace, sólo piensa en cómo reprimir las variadas formas de lucha que encarna nuestro pueblo. Basta de idioteces y protocolos antipueblo, debería dedicarse a lo que prometió en campaña y fijarse si tiene muchas faltas a las comisiones y sesiones en la Legislatura.
Bruno Vadalá, abogado de Derechos Humanos
El llamado “protocolo Bullrich” es una resolución administrativa con el fin de reprimir las protestas sociales que incomodan a cierto sector social. En contradicción con la interrupción del tránsito que la propia ministra realizó durante las protestas de 2020 y 2021.
Más allá de la ilegal discriminación entre “protestas del bien” y “protestas del mal”, uno de los problemas que tiene ese protocolo es que desconoce los estándares normativos internacionales adoptados por nuestro país. Protestar es un derecho humano, relacionado con el derecho a expresarse, a reunirse y asociarse libremente, en el marco del pleno ejercicio de derechos políticos en sociedades democráticas.
Las protestas en la vía pública son, en la mayoría de los casos, una de las pocas formas de manifestación a la que pueden acceder grupos socialmente vulnerados que, además, se los coloca como enemigos de un supuesto orden público.
Argentina -y Neuquén- tiene la obligación, mediante decisiones administrativas, políticas legislativas y acciones judiciales, de garantizar y respetar el ejercicio de esos derechos. También es un deber de los estados adoptar medidas para no repetir violaciones a los derechos humanos, como lamentablemente ya ocurrió en nuestro país y en nuestra provincia.
Aplicar ese paradigma represivo en Neuquén no sólo es contrario a ese marco normativo, sino que aumenta los niveles de violencia y muestra la incapacidad política para resolver conflictos. Una vez más, legisladores neuquinos intentan sintonizar con la agenda del Gobierno nacional de LLA, sus aliados del PRO y parte de la UCR.
Jesús Escobar, dirigente social y político
Pretender aplicar el protocolo Bullrich anti reclamos en la provincia de Neuquén es ser anti neuquino. Proponer tamaña aberración en la provincia de Carlos Fuentealba no merece ni siquiera ser respondido.
El modelo que pretende imponer Javier Milei busca que solamente puedan tener acceso a los derechos básicos y a las comodidades de la vida moderna un 20 por ciento de la sociedad, como mucho, y que el 80 por ciento restante sobreviva a su suerte. Como consolidación de esto se observan las distintas leyes que le generan una alfombra roja a las empresas extranjeras, que se le van a llevar en pala sin prácticamente dejar más que migajas en el territorio argentino. También buscan tener un mercado interno chico para que no se estrangule el sector externo.
Implementar este modelo -que conlleva niveles de miseria y de hambre muy grandes- requiere de palos, gases y, obviamente, plomo. Ya lo dijo el Papa Francisco: han gastado más en gas pimienta que en responder el reclamo social. No habrá cielo para ninguno de estos malvados.
Lo que buscan es la represión como instrumento para acallar uno de los principales derechos que consagra la Constitución Nacional: el derecho a reclamar o a protestar, porque de este derecho devienen o se consiguen otros derechos también consignados en nuestra Constitución.
