El radicalismo rionegrino, recluido en su último bastión negociado con el gobernador Alberto Weretilneck no puede construir hegemonía, ni por las buenas ni por las malas. El fraude electoral, el fantasma que persigue al partido centenario, parece ser otra vez la estrategia para intentar retener su última caja: el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). La universidad provincial presenta desde hace varios meses un escenario de creciente conflictividad política que no logra desescalar. ¿Cuál es el trasfondo que revela la trama de poder en puja?
El Gran Acuerdo -que le permitió recuperar el mando de la provincia con el sector que orbita por fuera de la línea de flotación de Juntos Somos Río Negro (JSRN)- ya es motivo de profundo arrepentimiento. O debería serlo. Lo saben bien los propios y se habla en todos los despachos, pero la provincia no se puede permitir perder, al menos ahora con el 2027 en puerta. En ese plan parece primar la doctrina del dejar hacer. Pero la preguntas que surgen son: ¿A qué costo se sostiene ese acuerdo que no para de sangrar? ¿Quién gana y quién pierde en el tablero provincial con el proceso bajo la lupa y la cuestionada autoproclamación de Gerardo Blanes?
El silencio político en Río Negro en torno al proceso electoral de la universidad es abrumador, nadie se arriesga a expresarse en medio de un escenario crispado por los resultados y algo más. El sector estudiantil de la sede de General Roca, el más afectado por el resultado y el proceder del escrutinio, junto al frente opositor, se manifestaron ruidosamente en la vía pública y en la calle digital. El escándalo, que no para de escalar, está montado sobre las sospechas de fraude y un sinnúmero de hitos administrativos que tildan como mínimo de poco transparentes.
El silencio político en Río Negro en torno al proceso electoral de la universidad es abrumador, nadie se arriesga a expresarse en medio de un escenario crispado por los resultados y algo más”
El último 15 y 16 de marzo se celebraron las primeras elecciones para el Consejo Superior en toda la historia de la universidad. El oficialismo, apresuradamente, se proclamó absoluto ganador el mismo lunes por la noche cuando -en realidad- empató 8 bancas con el frente opositor. Pero si faltaba algo para enardecer el clima, la primera sesión del Consejo Superior, el 30 de marzo, se tiñó de violencia. Blanes aceleró. Diseñó una jornada perfecta para el caos que le serviría para recluirse entre cuatro paredes con sus propios consejeros y directores departamentales para proclamarse como el nuevo rector de la universidad. El acto cívico incluyó movimientos sospechosos, en la madrugada, matones, cercos y una atípica sesión en la cocina de un hotel. Había que ganar o ganar. La intención: imponer el relato en los titulares mediáticos al que solo respondieron a la consigna el aparato publicitario del Estado y los portales digitales de la rosca local. Nada más.
Es que los referentes varones radicales, Blanes y el legislador Ariel Bernatene, laderos de Daniel Sartor en la provincia, necesitaban ese triunfo a toda costa. En la mesa chica, el mandato quería retener la institución que Weretilneck les había encomendado un año atrás con la consigna: ordenar para normalizar.
Retener el IUPA, la universidad pública de artes de la provincia fundada por Tilo Rajneri, representa varias cosas: capital político, un capital financiero (un presupuesto anual de más de 13 mil millones de pesos) y un capital simbólico, el orgullo roquense que necesita recuperar oxígeno y autoestima frente al implacable aura de Vaca Muerta, que se lleva todas las miradas. Tres aristas irresistibles para un sello político como el radical, que también ha perdido vigor político y protagonismo con el advenimiento eclipsante del provincialismo de Juntos Somos Río Negro y, ahora, con el frente libertario que se lleva -o comparte- militantes, banderas, relatos y presencia política territorial.
Retener el IUPA, la universidad pública de artes de la provincia fundada por Tilo Rajneri, representa varias cosas: capital político, un capital financiero (un presupuesto anual de más de 13 mil millones de pesos) y un capital simbólico, el orgullo roquense que necesita recuperar oxígeno y autoestima frente al implacable aura de Vaca Muerta”
El IUPA es, para este grupo de morados que ostenta aún el poder remanente del mito del partido republicano, su última oportunidad para conservar una rémora de capacidad de influencia, estatus y sobre todo la posibilidad de administrar una caja para organizar la tropa de acá al 2027. Eso puede explicar la deslucida construcción política de Juntos dentro de la universidad y el sabido abandono del gobernador a sus referentes allí dentro.
Por otro lado, emerge en algunos medios una narrativa que pretende colocar a la familia Soria en esta disputa local. Hipótesis que aparece como insuficiente y poco verosímil, al menos con un peronismo provincial que no encuentra unidad y que poco puede atender a problemas domésticos que lo pueden desgastar. Una polarización reduccionista que pretende obligar a tomar parte a algún distraído, pero que no alcanza para comprender la complejidad de la transformación política de la universidad. Sirve sí, acaso, para entender lo relevante que es para el tablero provincial lo que allí está en juego. Agitar el fantasma del sorismo como un escudo para guarecerse en la figura de un enemigo conocido.
La oposición política más dura al interior de la universidad abreva el sindicalismo de diversos sectores y los gremios estudiantiles, que han encontrado en el curso del último lustro una madurez política y un crecimiento orgánico en el poder de representación. Hoy son quienes disputan la construcción de sentido y, claro, un lugar en la conducción de la universidad. El arco político provincial mira con atención y razonable cautela.
Dos aspectos distinguen a este frente, representado en las organizaciones estudiantiles, los sindicatos y las listas: persiste desde el inicio, pese a las observaciones que han hecho del proceso, una vocación de celebrar las elecciones; por otro lado, la búsqueda de una salida pacífica y con pulso político. Nada de obturar el proceso democrático, tal como intenta instalar precariamente Blanes y sus orgánicos. Por ello el diálogo a esta altura parece fracturado y no encuentra el eco necesario de las máximas autoridades provinciales.
La normalización de Blanes, a los tumbos
Blanes había asumido nuevamente como rector normalizador en 2025 en medio de un cambio de fichas del tablero de juego provincial. Weretilneck sustituyó el sillón de mando del Departamento Provincial de Aguas por un jugador propio. Al parecer acorralado por problemas de gestión de Pedro Sánchez, también Presidente de la Unión Cívica Radical rionegrina que comenzaban a resonar fuerte en Viedma. El salvoconducto fue entonces el enroque de figuras de JSRN por UCR. Esto precipitó la salida de Félix San Martin, funcionario de confianza, a quien Alberto había encomendado alinear una salida para el IUPA en 2024. Funcionó como un interventor. Y fue allí, como parte del gran acuerdo electoral provincial, que Blanes retomó por segunda vez la normalización, luego de su deslucido paso por la legislatura provincial donde no logró brillar ni construir capital político. IUPA aparecía como su gran retorno. The last dance.
El plazo que había puesto el gobernador era un año. Apenas Blanes inició su mandato, irrumpió con un equipo de gestión que barrió con las estructuras anteriores, modificó organigramas, desactivó espacios de trabajo y los ocupó con los propios de un modo tan singular que supo ganarse enemigos de modo muy prematuro. Algunos guardaban rencores acumulados por las gestiones de Armen Grigorian y Félix San Martín, y lo hicieron saber. A todos.
Blanes no tardó en mostrar, como en sus gestiones anteriores, su impronta gentil con los leales merced de un gerenciamiento de horas y recursos sin control. Pese a un presupuesto aplastado y salarios por el piso, su gestión, en pleno período de proclamada austeridad provincial, se las arregló para incorporar al plantel más de un centenar de nuevos trabajadores al Estado. Pese a invocar discursos sobre las buenas prácticas para la nueva gobernanza, la transparencia, la auditoría y los datos abiertos, la gestión delegada en su equipo de trabajo, poco pudo hacer por ello. En IUPA no abunda la transparencia, los actos administrativos se desconocen porque se ocultan. Ese es el patrón dominante.
Sumado a ello, el rector normalizador empujó poco el proceso electoral, mucho menos la educación hacia la democracia, algo que los actores gremiales y las asambleas estudiantiles venían construyendo desde hace tiempo. Ese escenario político caldeado, rasposo, que no estaba en el marco teórico de Blanes a su ingreso, fue el que propició que el gobierno tomara la determinación de publicar e imponer desde Viedma una fecha para las elecciones. Blanes se subió de manera lúgubre, mal peinado para la foto, al relato normalizador del llamado a elecciones, que muchos interpretaron como un tirón de orejas de W, como suelen llamar al gobernador.
Aquel hecho suponía un hito político inédito puesto que hacía más de 40 años que la comunidad académica de la institución universitaria imploraba la normalización. Y la normalización se lograría, entre otras cosas, con la elección de sus propias autoridades a través de un Consejo Superior.
La estrategia de Blanes fue constituir una masa propia de leales recientemente asalariados. Luego, su gran jugada – extralimitando sus facultades normalizadoras y desconociendo el andamiaje legal de la Ley de Educación Superior (LES) e incluso el propio estatuto creado por él- fue la reestructuración del programa de Escuelas de Arte Popular. Se trata de un dispositivo diseñado como una herramienta para la extensión universitaria que se implementó originalmente en compañía de Cultura de la provincia con la premisa de llevar formación en música y danza a todos los pueblos de la provincia. Aquello que era una tarea noble de ofrecer formación artística en el territorio se convirtió, a cielo abierto y a la vista de todos, en una usina de votos. Para lograrlo tuvo que torcer y forzar algunas cuestiones, como mudar los talleres y trayectos formativos de extensión a los departamentos académicos universitarios. Ahora los maestros de arte popular, arribaron a la docencia universitaria con recursos administrativos poblados de irregularidades y serias faltas procedimentales a lo que se sumó una desvergonzada narrativa oficial de abrazar saberes populares universales. Pero el objetivo era fermentar el volumen de votos docentes en Artes del Movimiento y Música. Y lo logró, esos votos le permitieron al menos quedarse con una banca.
Pero faltaba un claustro, el estudiantil, que disputaría dos bancas en el Consejo. Allí había que asegurarse votos, puesto que en la escena local estudiantil florecían propuestas muy convocantes del campo nacional y popular, expresiones del peronismo y la izquierda encarnados en La Gloriosa, actual conducción del Centro de Estudiantes, La Mella y Unesa. Franja Morada y JSRN sin semillero. De allí que con el reglamento electoral que la gestión publicó el 29 de diciembre de 2025, incorporó llamativamente como electores a alumnos talleristas y de trayectos de todo el territorio, hecho que eclipsó sobradamente el volumen de estudiantes universitarios regulares, aquellos que la LES reconoce como únicos actores políticos en el esquema electoral.
Así fue como se constituyó una elección que diversos actores interpretaron como fraudulenta por su carácter deliberadamente desigual. Un reglamento retorcido, un calendario agresivo con la dinámica universitaria y poco amable con la transparencia y prácticas democráticas instituyentes. En los meses previos no hubo formación civil conducente a fortalecer el semejante paso que asumiría la institución. Apenas quedó como una iniciativa que asumieron las listas recorriendo diferentes espacios y charlando con la gente. La desinformación fue otra de las reglas para el caos que sobrevendría.
La Junta Electoral se conformó en febrero con actores ultra oficialistas. El presidente de la Junta es Ricardo Casanova, jefe de campaña de Blanes en su aventura legislativa de 2019 y anterior titular de la gestión de Escuelas de Arte Popular. Ello derivó en impugnaciones y observaciones de las listas opositoras que no encontraron eco en un reglamento obtuso, blindado dentro de su legalidad autorreferencial.
Los comicios se realizaron sin normalidad. La gestión, en virtud de hacerse de los votos del interior, diseñó un arriesgado esquema de campaña llamado “urnas volantes”, algo que no estaba en el reglamento ni se había sugerido como una práctica posible. Este artilugio pretendía iniciar 10 días antes las elecciones en los pueblos, rompiendo la veda electoral, achicando el período de campaña con una compleja y titánica logística de urnas, fiscales y autoridades. Finalmente la idea no prosperó y cayó, pero la gestión redobló la apuesta y decidió que repartiría 47 urnas en todas las “sedes adicionales” para votar en simultáneo. La Junta Electoral declaró entonces que cada lista debería garantizarse fiscales a su modo, algo que ni los partidos políticos más emblemáticos se pueden permitir por el alto coste financiero y logístico que representa.
En la arquitectura de Blanes, los estudiantes opositores, por separado 64 (Pugliese), 353 (La Gloriosa), 137 (Unesa) no superaron el 10% mínimo para ingresar como minoría, con lo cual La Unión del blanismo se quedó con las 2 bancas estudiantiles. Ese punto, el de la configuración de las minorías, manifiesta también aquello que los gremios impugnaron. Al contrario de lo convencional en las reglas electorales, donde las minorías se conforman según un porcentaje mínimo de votos válidos emitidos, aquí Blanes determinó lo contrario, que la minoría debía sí o sí superar el 10% del padrón. Ese escenario inclinó de modo desfavorable para las agrupaciones universitarias que no pudieron superar el porcentaje mínimo de un padrón cercano a los 4 mil electores. Blanes lo logró con el interior y se arrebató 2 bancas.
Un concurso a medida de la casta
Los padrones, el reglamento y el resultado en las estudiantiles tocaron nuevamente las fibras de los actores políticos que estaban haciendo enormes esfuerzos para la participación. Pero sin duda lo que termina de enfurecer a buena parte de la comunidad es otro hecho que, si no fuera por su blindaje reglamentario hecho a la medida, sería un escándalo de corrupción de grandes proporciones. A tan solo tres días de las elecciones se ventiló por los pasillos y mensajería digital una información publicada tímidamente en la web institucional que, por su carácter y peso específico, debiera haber tenido mayor resonancia. Se había celebrado un concurso regular docente abierto en la localidad de Ingeniero Jacobacci que oficia como sede. Los flamantes ganadores -porque fueron los únicos que conocieron la convocatoria que tuvo apenas un día de difusión, escondida en la web y en el portal oficialista ANRoca- fueron Gerardo Blanes, Silvana Scalicchia, Ricardo Casanova (sí, el presidente de la Junta Electoral), Erica Acosta, miembros de la gestión gobernante de la universidad, entre otros. El rector, haciéndose del cargo de Profesor Titular; su pareja, el de Profesora Asociada y su multi secretaria, el de Profesora Adjunta, al igual que Casanova. Todos cargos que hasta entonces nunca habían sido concursados dentro de la universidad.
El jurado que dio el visto bueno también estaba conformado por conocidos y allegados, parejas, gente del propio entorno, algo abiertamente cuestionable e impugnable en cualquier universidad. Tal es así que sectores de las universidades nacionales de la Patagonia y de Buenos Aires (las federaciones gremiales nacionales, referentes de las universidades, rectores, decanos) observaron con estupor cómo se fue llevando adelante esta innumerable cantidad de irregularidades en buena parte de los concursos y avances en el proceso de normalización. Con ese escenario anímico agitado pero contenido que había desatado la noticia, se continuó hacia las elecciones.
Las elecciones y el escrutinio
El escrutinio definitivo, por calendario, estaba pautado originalmente para el 17 de marzo. Sin embargo, por el colosal despliegue de urnas, la Junta, arrogándose facultades al amparo del rector normalizador, se prorrogó para el 20 de marzo, porque debían llegar a Roca, la sede central. Finalmente llegó el día del escrutinio definitivo con una actividad política encendida, marcada por una acción política estudiantil que Blanes intentó disuadir con un asueto académico de tres días. Un asueto que terminó siendo también administrativo de facto, puesto que no se entregaron llaves de oficinas y muchos trabajadores de apoyo y docentes se quedaron en los pasillos. La universidad vaciada enojó, incluso, a sus propios electores. Si Blanes y Casanova buscaban una universidad vacía sin consignas políticas, la estrategia no surtió efecto porque se arrimaron diversos sectores para ser testigos del acto.
Las autoridades de mesa se publicaron a horas del inicio de las elecciones, con serias irregularidades, como presidentes de mesa que debían estar en dos localidades en simultáneo, autoridades que no estaban en el padrón, entre tantas otras. Así se desarrollaron los comicios, no sin observaciones e impugnaciones repelidas con ajustada retórica emanada del reglamento, aunque poco sostenible a esa altura. El Tribunal Electoral provincial desde Viedma se había declarado incompetente y la Junta Electoral eyectaba funcionarios que renunciaban.
El escrutinio se llevó a cabo con la singularidad que las listas opositoras exclamaron a viva voz: no están las urnas. No hubo manera de revisar los certificados de escrutinios dispuestos al interior de las urnas porque no estaban en el lugar (y aún no se sabe dónde). La Junta se limitó a otorgar impugnación a un par de mesas por errores de firmas y tachaduras. Así y todo se reconocieron los resultados de todas las urnas provenientes del interior ante la mirada impávida de los apoderados de listas y las voces encendidas de los estudiantes afuera, en la calle. Esto derivó en un escenario político muy complejo para la universidad porque el saldo del panel de consejeros fue de 8 oficialistas y 8 opositores, lo que arrojó otro nuevo conflicto para la primera sesión del Consejo Superior.
La farsa del rector que se perpetúa en la cocina de un hotel
Más extraño que la ficción. Todo es inverosímil, pero es verdad. El día de la celebración del evento cívico más importante para la universidad, la consumación de la primera asamblea universitaria, el Consejo Superior, fue una jornada violenta, con espacios perimetrados y diseñados para estar blindados a la vista de la ciudadanía universitaria. Contraria al reglamento, la convocatoria a los consejeros se realizó apenas unas pocas horas antes, al Set audiovisual, un espacio de filmación de 10 por 10. El portal web y las redes sociales institucionales no invitaron a la comunidad ni dieron publicidad de la buena nueva.
Estudiantes universitarios hicieron una vigilia toda la noche a la espera del evento. A la madrugada registraron movimientos sospechosos: Blanes, Bernatene, consejeros y directores de departamentos se disponían a ingresar a la universidad por accesos inusuales a través de la Villa de las Artes. Guarecidos por personas sin identificación que oficiaban de patovicas intentaron el ingreso, que fue frustrado por estudiantes y trabajadores que lo interpretaron como un acto deshonesto y a escondidas de la comunidad.
Mientras tanto, los consejeros opositores llegaron en el horario convenido en la convocatoria. Nada. Cerrado. Minutos más tarde llegó un correo, que daba cuenta del cambio de sede, con motivo de la protesta.
Los consejeros electos llegaron al Hotel de la Fundación Cultural Patagonia, un sitio ajeno a la institución. Afuera, agrupaciones gremiales de la región y estudiantes, estaban expectantes por el acto. Los consejeros que quedaron afuera nunca pudieron ingresar. Un forcejeo en el cerco perimetral fuertemente custodiado por personas de seguridad que no pertenecían a la institución impidió y frustró la entrada. No fue un desafortunado desatino, otro de los tantos. Fue un escenario configurado para la violencia. Zona liberada para que el oficialismo se recluyera en la cocina del comedor del hotel.
Afuera: caos, corridas, protesta, golpes y forcejeos. Además de amenazas de la patota de Blanes. Un intento de disciplinar, a la vista de todos, con la violencia. Adentro, en el comedor, la comunidad estudiantil y docente, periodistas, se acomodaban para la sesión.
Una cocina, el desafortunado escenario para la auto proclamación de Blanes El comedor de la cocina estaba custodiado y no había posibilidad de ingresar a donde estaban los consejeros oficialistas. Luego, lo que parecía un rumor, se confirmó por múltiples canales de Whatsapp: habían decidido celebrar la sesión en la cocina del hotel, proponer al rector y proclamarlo con mayoría de votos y una abstención. Votaron hasta los directores departamentales, algo que es considerado una zona gris reglamentaria en la interpretación del estatuto y que iba a ser motivo de discusión en el cuerpo de consejeros. Nada de eso sucedió. Eligieron un rector de modo exprés y a espaldas de la comunidad.
El rumor perforó las paredes y el clima se agitó. La escalada motivó la intervención de la justicia. El titular de la Fiscalía Nº 6, Gastón Britos Rubiolo, ofició de mediador con una clara advertencia de la mala fe de los actos cometidos en la cocina. El acuerdo que promovió, incluyó a las representaciones gremiales de Marina Cepeda de SITRAIUPA, Rocío Encina de ADIUPA y la letrada de su gremio, Andrea Reile; también estaban Lucio Corregidor, presidente del centro estudiantil y Silvio Garrido, representante de la institución. Finalmente se negoció desconcentrar a cambio de declarar nulo el acto administrativo cometido anteriormente. En un acta firmada por los consejeros y los directores recluidos (excepto Blanes), se selló el acuerdo. Minutos más tarde, uno a uno, fueron saliendo del edificio, en medio de abucheos, los protagonistas de una jornada histórica para el olvido.
Sin embargo, nadie esperaba el desenlace de ese día. Con la protesta totalmente desconcentrada, el blanismo arremetió públicamente, con la complicidad y apuntalamiento del diario Río Negro, donde declaró que él desconocía el acuerdo promovido por el fiscal y se reconocía nuevamente como rector. Para él, sólo valía su lúgubre proclamación matutina, totalmente endogámica. De inmediato, tanto en la web como en la red de medios y periodistas oficialistas, se fraguó la idea de “Blanes rector”, ante el estupor y consternación de toda la comunidad universitaria. Impunidad a cielo abierto.
Tanto la justicia provincial como la federal se habían declarado incompetentes y rechazaron las medidas cautelares y demandas presentadas por las agrupaciones gremiales apenas iniciado el año, cuando se publicó el reglamento. Como no hay una resolución de la justicia, la institución interpreta –y comunica tendenciosamente- que hubo un contundente rechazo a las demandas. En los próximos días el Superior Tribunal de Justicia deberá decidir quién asume la investigación de este gran escándalo que también ahora es jurídico. Porque en el tramo político aún hay una deuda profunda del gobierno provincial.
Mientras tanto, los consejeros adversarios al blanismo se han constituido como “Frente Democrático”. La consigna es desconocer la figura del rector puesto que la consideran ilegal e ilegítima. Consideran la sesión del 30 de marzo como irregular y, por tanto, inválida desde su origen. Ahora, el acento del reclamo es “justicia para que haya verdadera democracia”.
Errores no forzados y un alto costo político
“Blanes rector a toda costa” aflora como la consigna política subterránea que Alberto Weretilneck pareciera haber trazado intramuros: dejar hacer, mirar para el otro lado. Consigna que también explica el silencio aturdidor del oficialismo y todas sus filas, aún con la visibilidad pública alcanzada por un escándalo que ya lastima severamente la imagen del partido y del gobernador, quien así y todo, procura fabricar otro mandato para 2027. La atención protagónica sobre la agenda de la energía, el Oil & Gas, Andrea Confini, YPF y la minería, parecen insuficientes para reorientar la brújula que tiene perdidos a propios y ajenos. Ni la reestructuración del organigrama de la gestión de gobierno ni el barco licuefactor para la exportación de gas parecen solapar la escalada del conflicto de IUPA.
Off the record, en Viedma, también en los pasillos de la justicia y en diversos órganos, no ocultan la preocupación, el enojo y el insulto que representa la gestión blanista a las instituciones provinciales. En este escenario, el arco político opositor (incluso, llamativamente, del PRO rionegrino) ya comienza a golpear fuerte en el parlamento rionegrino y en el Concejo _Deliberante local. Mientras tanto en Roca la emblemática universidad de artes de la provincia no logra normalizarse y, por ahora tampoco, la paz institucional. Y claro, el Gran Acuerdo ya lastima fuerte a todos.
*Nicolás Martínez es Licenciado en Comunicación Social | docente en FADECS UNCO y IUPA. Consejero electo del claustro docente por el Departamento de Artes Audiovisuales, de la Lista Celeste y Blanca, en IUPA.
**La foto de portada es de Federico Laffitte.
