El Senado rechazó hoy los pliegos de los jueces Ariel Oscar Lijo y Manuel García Masilla, que habían sido designados por decreto por Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. La decisión de la Cámara Alta significa un duro golpe para el Gobierno nacional, que pretendía imponer los nombres sin el acuerdo del Senado, tal como está previsto en la Constitución Nacional.
En el caso de Lijo, el rechazo fue de 43 votos contra 27 apoyos y una abstención. La votación de García-Mansilla, apenas reunió 20 votos a favor y el rechazo fue devastador: sumó 51 voluntades. Nunca en la historia democrática argentina los pliegos propuestos por el presidente habían sido rechazados. Lo que se estila, cuando no hay consenso, es que el presidente retire los pliegos para evitar el fracaso que significa un rechazo como el que se vio hoy y puede proponer otros nombres para cubrir las vacantes en el Tribunal supremo.
Por primera vez desde que gobierna Milei, la oposición logró armar un gran frente de 38 legisladores del peronismo, el macrismo y el radicalismo para dar quórum a la sesión. Dieron el presente los 32 senadores de UxP; los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, y del PRO Alfredo De Angelis y Victoria Huala, además del ex libertario Francisco Paoltroni.
La sesión estuvo presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, se encuentra al frente del Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos.
El oficialismo intentó hasta último momento evitar el rechazo pese a que el poroteo previo indicaba que la oposición reunía 25 votos (un tercio más uno) negativos, mientras que el oficialismo requería de 48 votos positivos (dos tercios) para lograr la aprobación.
Como es habitual, La Libertad Avanza apeló a métodos extorsivos para torcer algunas voluntades. Un día antes de la votación, se conoció que el presidente de YPF, Horacio Marín, suscribió un memorándum de entendimiento con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, para cederle sus yacimientos maduros, por un valor de 335 millones de dólares. El acuerdo se concretó un día antes de la sesión del Senado y, según publicó el sitio La Política Online, fue a cambio del apoyo de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano a los pliegos de los jueces. Efectivamente, ambos santacruceños acompañaron los pliegos del gobierno.
Otro ejemplo: el mismo día de la sesión, fue publicado en el Boletín Oficial la decisión de Javier Milei de retirar del puesto de embajador ante la Unesco a Miguel Ángel Hildmann, lugar que el gobierno le tiene reservado a la senadora neuquina Lucila Crexell.
Durante la sesión, Paoltroni, que fue expulsado del bloque libertario por cuestionar los pliegos de Lijo, señaló a Abdala el error en el orden del día al referirse a Lijo como doctor: “No es doctor”, lo corrigió con sorna y recibió como respuesta una risa socarrona.
Luego, la presidenta de la Comisión de Acuerdo, Guadalupe Tagliafierri (PRO), anticipó su rechazo a ambos pliegos al señalar: “no creo en una Corte Suprema sin mujeres” porque “no creo en ningún espacio de representación sin mujeres porque somos la mitad de la población y borrarnos de los espacios de representación es negar nuestra existencia”, amplió. También cuestionó que las designaciones por decreto “pasan por encima” a la constitución nacional.
El rionegrino Martín Doñate (UxP) calificó de “golpe institucional” el nombramiento por decreto de los jueces y remarcó que “no son los pliegos, es la república, el orden institucional” lo que se puso en juego hoy.
En tanto, el radical Martín Lousteau dijo que es la votación “más fácil que he tenido” en cuanto a decidir lo que hay que hacer y dijo que la votación es “en contra de un mecanismo que le permite a este presidente y habilita a próximos presidentes a poner jueces a dedo”. Remarcó que “acá estamos votando y decidiendo por el mecanismo de designación del presidente” y que “los antecedentes pasan a otro plano”.
Una vez logrado el rechazo de los pliegos, se abre un debate judicial en torno a la continuidad de García-Mansilla en la Corte. En el Gobierno sostienen que, como ya tomó juramento (hace un mes), su mandato tiene vigencia hasta el 30 de noviembre, fecha en la que vencen los nombramientos en comisión. En la oposición sostienen que al momento del rechazo deja de ser juez, automáticamente. Lo paradójico es que, de judicializar el caso, la última palabra la tendrá, justamente, la Corte.
