En medio de la crisis desatada en la provincia a partir de la instauración del presentismo en la docencia, el secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo, aseguró que “el problema de la educación no somos los trabajadores y las trabajadoras. El problema es la falta de presupuesto y la falta de voluntad política de atender a los problemas”.
Enumeró que el derecho a la Educación se ve afectado por “el incumplimiento del Gobierno de las actas acuerdo firmadas en las mesas técnicas”, así como por “la problemática de la infraestructura, que no tiene un plan de trabajo y lo hemos reclamado hasta el momento” o docentes que nuevamente se verán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
En diálogo con Intempestiva, Guagliardo explicó que las asambleas de Aten votaron el no inicio de clases luego del receso invernal y el pedido de renuncia a la ministra de Educación, Soledad Martínez, porque consideran que la funcionaria “no está a la altura de las circunstancias para desempeñar la tarea y que entorpece o no genera instancias de resolución de los múltiples conflictos que hoy tenemos en la escuela pública”.
Guagliardo también ratificó que existe una “campaña de desprestigio” hacia los docentes neuquinos y sostuvo que “es muy peligroso lo que hace el Gobierno porque genera un enemigo público cuando en definitiva nosotros nos estamos haciendo cargo de su ausencia”.
–Teniendo en cuenta el tratamiento exprés que le dio la Legislatura al proyecto que instaura el presentismo en la docencia, ¿crees que es ese el principal problema que tiene hoy la educación pública en Neuquén?
–Terminantemente, no. Los problemas que tiene la educación pública en Neuquén, como los que tiene la educación en Argentina y en gran parte de latinoamérica no están vinculados a la problemática docente. En todo caso, el problema que hay con la docencia es que está mal paga, que no está reconocida, que está desvalorizada su tarea, que hay campañas de los gobiernos para desprestigiar la función de enseñar, que se trabaja en malas condiciones, que no hay cuidado de la salud de los trabajadores y trabajadoras de la educación y hay un desconocimiento o, en todo caso, un ocultamiento de las problemáticas laborales que generan los niveles de estrés y de enfermedad laboral de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Eso sí es un problema. No somos los trabajadores y trabajadoras de la Educación el problema, sino que somos víctimas de una consecuencia de un Estado que hace abandono de una responsabilidad indelegable.
–¿Qué datos tienen sobre el porcentaje de ausentismo en las escuelas y sobre cuánto le va a costar al Gobierno esta medida?
–La verdad es que nosotros nunca hemos tenido información oficial sobre los porcentajes de ausentismo. El Gobierno ha tirado números y ha hablado de 1.200 certificados diarios. Ahora, no dice qué patologías presentan esos certificados, de cuánto tiempo son esos certificados. Hablan de que muchos certificados son los viernes y los lunes y no dicen que hay docentes que prefieren faltar esos días porque las licencias cortas, por menos de tres días, no se cubren en el sistema educativo. Hay desconocimiento de esto. Y, en particular en el nivel medio, cubrir las suplencias lleva entre 5 y 8 días (N. de la R: por el proceso administrativo que se debe realizar para cubrir una vacante). Entonces el Gobierno no ha dado información precisa para determinar cuáles son esos porcentajes, pero cuando habla del ausentismo habla de la totalidad de la planta del sistema educativo. Es decir, son 1.200 certificados diarios para una planta de 38.000 trabajadores y trabajadoras, con lo cual estamos hablando de que el nivel de ausentismo, si fuese tan lineal la relación, es de menos del 2 por ciento.
–Vuelvo a preguntar si sabés los costos de esta medida porque el argumento del Gobierno ha sido que se podrían haber construido más de 60 escuelas con el dinero que la provincia gasta en suplencias.
–Eso es una gran mentira porque parte de un desconocimiento absoluto. Tiraron números en general y las suplencias de las que hablan son suplencias que, en muchos casos, no generan un doble sueldo sino que son reemplazos de trabajadores que están sin goce de haberes por ocupar vacantes en cargos de mayor jerarquía o por desempeñar tareas dentro del mismo sistema donde no hay planta funcional. Incluso algunos de ellos están afuera del mismo sistema y se cubren cargos en la Legislatura, en los municipios y en determinados lugares del Poder Ejecutivo donde se designan docentes con la comisión de servicios pagada por presupuesto educativo. Me parece que en muy poco tiempo va a quedar evidenciado que eso era una falacia. Que no se hablaba con números ni con datos reales. Yo quisiera que estén esas 64 escuelas, cosa que, lamentablemente, no va a pasar. No ha pasado así en ningún lugar de la Argentina. Cuando se han implementado estas medidas está demostrado que no resuelve el tema del ausentismo, porque el ausentismo no es un uso indiscriminado de un régimen de licencias sino que se utiliza por una necesidad. Y, en todo caso, si hay alguna situación que está por fuera de la reglamentación, el Estado debe tener mecanismos de control para poder no validarlas. Incluso, hay auditorías de cada una de las certificaciones médicas. Entonces ahí se cae el argumento del uso abusivo.
–El sindicato emitió esta semana un comunicado donde denuncian una campaña de desprestigio hacia los docentes.
–Estamos viendo que en las últimas semanas aparece en la agenda pública el tema de la educación pero se pone en el centro de la discusión a la tarea nuestra, a la tarea de enseñar, a nuestra supuesta irresponsabilidad generalizada para cumplir con la tarea. Se habló, incluso, de falta de capacitación para el desempeño de la tarea de enseñar. No puede entenderse de otra manera que una campaña feroz y peligrosa, porque parte de prejuicios e instala un enemigo social, que seríamos los docentes -que no nos preocupamos por la educación de nuestros estudiantes- porque las familias tienen una expectativa importante y legitimada sobre la educación y los que estaríamos impidiendo que los chicos puedan aprender somos los maestros. Es muy peligroso lo que hace el Gobierno porque genera un enemigo público cuando en definitiva nosotros nos estamos haciendo cargo de su ausencia. Hay un Estado ausente, un Gobierno Provincial que en los últimos 7 meses, desde que inició su gestión y durante el tiempo de transición, no ha sido capaz de delinear una sola estrategia política generalizada y universal para mejorar los problemas que tenemos como sistema educativo. No hay un plan de formación continua gratuito para los docentes y las docentes, no hay un plan para discutir cuestiones vinculadas a lo curricular del nivel primario, hay muchas dudas en la implementación del diseño curricular de la escuela secundaria. Sobre eso no hay nada, incluso hay direcciones muy cuestionadas por equipos supervisivos, por directores de escuelas, por autoritarismo, destrato y maltrato hacia los trabajadores y trabajadoras. Entonces, este gobierno no pone en el centro de la escena el derecho a la educación y sí pone en el centro de la escena a la tarea de enseñar. Por eso decimos que hay una campaña.
–¿Por eso piden la renuncia de la ministra Soledad Martínez?
–La renuncia como reclamo sale de las asambleas de Aten que votaron mayoritariamente ese tema y está fundado en esto que dije antes: es una gestión que no está dando respuestas y que no ha planteado una defensa de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Como principal responsable del área, debería haber intervenido cuando se genera esta situación de descalificar la tarea que se realiza. De ahí surge este pedido de nuestras asambleas de que hay una funcionaria, en este caso es la ministra de Educación, que no está a la altura de las circunstancias para desempeñar la tarea y que entorpece o no genera instancias de resolución de los múltiples conflictos que hoy tenemos en la escuela pública.
–¿Hasta dónde van a llegar con el rechazo al presentismo?
–Nosotros lo vamos a mantener en la agenda y es parte de las medidas de fuerza que se van a realizar luego del receso de invierno. Un conflicto que, si bien existía, estaba en un grado de intensidad de otro carácter, porque venían viendo el reclamo que hacíamos en el ámbito de la mesa técnica o discusiones que se dan en el ámbito del Consejo Provincial de Educación. Pero la resolución tan rápida, de alguna manera, ignorando lo discutido en la misma mesa técnica de la que participan dos ministros del Poder Ejecutivo provincial con la organización sindical, descalificando a los espacios de discusión que se mantienen con la representación de Aten nos pone en un conflicto que está en otra intensidad, que son las medidas de fuerza. No sólo está el problema del presentismo, sino el incumplimiento del Gobierno de las actas acuerdo firmadas en las mesas técnicas; la problemática de la infraestructura, que no tiene un plan de trabajo y lo hemos reclamado hasta el momento; el problema del Impuesto a las Ganancias, que el gobernador acompaña a los trabajadores petroleros para que sean excluidos, cosa que nos parece muy bien, pero por otro lado no vemos que haya una intención de que ese impuesto no alcance a los trabajadores de la administración pública provincial, que en algunos casos van a estar por debajo de la línea de la pobreza y en otros casos, cuando acumulan algún cargo más, van a terminar pagando Impuesto a las Ganancias. Esto es un despropósito absoluto. Todos estos temas comprenden un pliego que nosotros vamos a sostener con el plan de lucha.
–¿Querés agregar algo más?
–Decir que el conflicto que vamos a tener y que va a implicar la pérdida de días de clases es absoluta responsabilidad del Gobierno provincial y de los legisladores que votaron la ley y del Gobierno que la promulgó, que además no está cumpliendo con dar respuestas concretas a los problemas que tenemos. No sólo los trabajadores y trabajadoras de la educación. Sino el acceso a la educación de miles de estudiantes de la provincia. El problema de la educación no somos los trabajadores y las trabajadoras. El problema es la falta de presupuesto y la falta de voluntad política de atender a los problemas que hacen a que nuestros chicos y chicas no puedan alcanzar los objetivos previstos a pesar del esfuerzo que hacemos los docentes, por una crisis social -porque los niños van con mala alimentación, con familias que no tienen acceso a la cultura, no tienen acceso a material bibliográfico ni a material tecnológico- y eso la escuela no lo está garantizando. De ahí que este no es un conflicto que hayamos buscado los maestros y las maestras, sino que lo ha generado el mismo Gobierno.
