El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, destacó que el Presupuesto 2025 que presentó el Ejecutivo en la Legislatura “es un presupuesto equilibrado, estructurado sobre la base de regiones como criterio novedoso” y con la incorporación de la pauta salarial de los trabajadores estatales, algo “inédito” en Argentina y muy “valioso en términos de seguridad política, económica, jurídica para la provincia”.
En diálogo con Intempestiva, Tobares, valoró que el acuerdo salarial anticipado con los sindicatos de trabajadores estatales da “garantía y tranquilidad a todas las familias de los empleados públicos” y “un clima social de cierta tranquilidad y orden” a la sociedad en general, y resaltó que “la pauta salarial tiene que ver con este proceso de reordenamiento que arrancó el 10 de diciembre y que nos permite ahora elevar un Presupuesto que tiene una autosuficiencia”.
Consultado por la relación con las organizaciones sociales, Tobares admitió que “las fiestas de fin de año generan un poco de tensión, máxime que tenemos indicadores sociales que son sumamente preocupantes”, en relación a las cifras de la pobreza que “no escapan a la media nacional” y aseguró que “estamos tomando las previsiones del caso para poder llegar a fin de año con una respuesta equitativa a la mayoría o a gran parte de esas familias”.
–La semana pasada llegaron a un acuerdo salarial con los gremios estatales para 2025. ¿Qué importancia tiene esto para el Gobierno?
–Es muy importante porque habla un poco de la previsibilidad económica de la provincia y también da garantía y tranquilidad a todas las familias de los empleados públicos en general porque en octubre está conociendo cuál va a ser el salario que van a tener en 2025 y, fundamentalmente, cuál va a ser el criterio de actualización que va a tener ese salario. Por otro lado, también genera un clima social de cierta tranquilidad y orden en lo que tiene que ver con áreas que son muy sensibles, como puede ser salud, educación. De alguna manera estamos garantizando que vamos a tener un inicio de ciclo lectivo 2025 conforme al cronograma que fija, en este caso, el Consejo Provincial de Educación, sin medidas de acción directa que impidan el normal dictado de las clases. Lo mismo ocurre con los hospitales y lo que tiene que ver con los múltiples servicios que brinda el Estado. También nos permite a nosotros, en términos generales, ordenar las finanzas de la provincia y orientar los excedentes de los recursos a ir cubriendo los gastos de funcionamiento y el déficit de infraestructura tan grande que tenemos.
–Esta previsibilidad se basa en la producción creciente de hidrocarburos, teniendo en cuenta que no se puede contar con recursos del Estado nacional.
–La única previsibilidad que tenemos del Estado nacional es lo que viene vía coparticipación. Después, desde el 10 de diciembre es de público y notorio conocimiento que el Estado nacional ha dejado de distribuir, no solamente a Neuquén sino a todas las provincias de la República Argentina, una serie de fondos que eran destinados a los distintos servicios, salud, educación, seguridad, rutas. En definitiva, la provincia del Neuquén tiene que planificar o re planificar, organizar sus finanzas de manera autónoma y todo esto está en el Presupuesto. La pauta salarial tiene que ver con este proceso de reordenamiento que arrancó el 10 de diciembre y que nos permite ahora elevar un presupuesto que tiene una autosuficiencia, a criterio de nuestras propias previsiones de cuáles van a ser los flujos de ingresos que vamos a tener en el 2025 y estimando, por ejemplo, que lo que vamos a percibir de coparticipación final va a andar en el orden del 18 por ciento. Interpretamos que en 2026 va a haber una disminución y así progresivamente las transferencias de Nación hacia las provincias van a ir disminuyendo, lo que nos obliga a todos a ordenarnos de forma tal de poder mejorar nuestros ingresos y hacer una distribución equitativa muy responsable en todas las áreas que tienen mayor demanda, como es el caso concreto de salud, educación, seguridad.
–¿Cómo es la relación del Gobierno con las organizaciones sociales, que suele ser otro de los sectores en tensión, y cuáles son los acuerdos vigentes con ellas?
–La relación con las organizaciones sociales también se modificó a partir del 10 de diciembre en el sentido de que prácticamente es una relación de Estado – empresas vía cooperativas, que es el formato mediante el cual ellas se han vinculado con nosotros. Nosotros tercerizamos a las organizaciones sociales o las invitamos a participar de una serie de obras que son menores, o de mediana escala, que estén dentro de la capacidad técnica que ellas puedan realizar, de forma tal de que les adjudicamos una obra, esa obra les permite darle una respuesta laboral a los miembros de la organización y, por otro lado, nosotros recibimos un beneficio que redunda, por ejemplo, en el mejoramiento de un cordón cuneta, una vereda, o una ampliación, como puede ser un playón en una escuela o las veredas en una escuela. La vinculación tiene que ver con una relación totalmente diferente que es una relación Estado – organización social en formato de cooperativa, donde las cooperativas compiten con otras cooperativas o con otras empresas por esas obras y nosotros tenemos la responsabilidad de controlar que las obras se hagan en tiempo y forma, con calidad. Se hacen inspecciones y una vez inspeccionadas las obras se pagan las certificaciones como cualquier otra empresa. Nuestra intención es seguir construyendo un vínculo vía esta línea de trabajo. Esto les va a permitir a las cooperativas o a las organizaciones crecer en su estructura operativa, técnica en equipamiento, y poder también no solamente ser adjudicatarias de obras menores sino poder también tener la posibilidad de ser parte de un proceso de una obra de mayor tamaño y eso les va a dar previsibilidad y continuidad del trabajo.
–Con las organizaciones que están siendo investigadas por la justicia, como el FOL o Libres del Sur, ¿mantienen los convenios vigentes?
–Sí, independientemente de la intervención que está llevando adelante la justicia… Obviamente, estamos expectantes de lo que la justicia resuelva. A cada una de las cooperativas que están en este momento vinculadas con nosotros se hace un control de legalidad, están inscriptas, son proveedores del Estado, cumplen con las obligaciones ante la Afip. Están en una situación legal totalmente normal y por eso es que están vinculadas con nosotros.
–Preguntaba por la relación con las organizaciones porque cuando se acerca fin de año suelen aumentar las demandas. Si bien Neuquén presenta esta situación de previsibilidad en algunos aspectos, no está exenta de conflictividad social.
–Sin lugar a dudas las fiestas de fin de año generan un poco de tensión, máxime que tenemos indicadores sociales que son sumamente preocupantes y la provincia de Neuquén tiene indicadores que no escapan a la media nacional. Hay un cuarenta y pico por ciento de neuquinos que están bajo la línea de pobreza y es motivo de preocupación nuestra y de ocupación, de poder atender a ese universo de neuquinos, en este caso también estamos tomando las previsiones del caso para poder llegar a fin de año con una respuesta equitativa a la mayoría o a gran parte de esas familias. En el caso de las cooperativas, entendemos que si nosotros podemos lograr darle continuidad a las distintas obras que están en carpeta y las adjudicamos van a tener una fiesta de fin de año como cualquier trabajador que tiene la tranquilidad y la seguridad de que va a tener un ingreso que es fruto de su trabajo. A otros sectores vulnerables trataremos de llegar a través de otros dispositivos que tenemos en la provincia.
–¿Cómo están los municipios de cara a fin de año? Sabemos que hay situaciones muy dispares, algunos tienen más recursos propios que otros… pero en términos generales.
–Los municipios de Neuquén, en su gran mayoría, a partir del 10 de diciembre también comenzaron un proceso de reordenamiento, en términos generales, de recursos humanos y un ordenamiento económico y financiero. Muchos de ellos han avanzado, sobre todo los de primera categoría, tienen una política económica y tienen sustentabilidad propia. No son la mayoría pero algunos hay en esa línea. Después tenemos las situaciones de las comisiones de fomento o los municipios de tercera categoría que no tienen coparticipación y todos esos municipios han recibido en tiempo y forma la asistencia por parte de provincia. Hay municipios que están todavía dentro de este proceso de ordenamiento, están mejorando fundamentalmente en el aspecto del recurso humano y en lo que tiene que ver con su propia fuente de recaudación para ir logrando una autonomía cada vez mayor que les permita no solamente poder atender los servicios que brinda el Estado sino encarar proyectos de ejecución de obras en forma conjunta con provincia.
–Días atrás estuvo en Senillosa interviniendo de manera personal en un corte de ruta de trabajadores que reclamaban una recomposición salarial. Me llamó la atención que se haga presente en el lugar del conflicto y le quería preguntar si eso es una metodología que usted considera que debe llevar adelante como funcionario público o fue una situación particular.
–Interpreto que lo mejor que nos puede pasar como sociedad y como una sociedad democrática que somos, republicana y respetuosa de las instituciones, es que las instituciones funcionen. Si las instituciones funcionan muchas de las acciones directas que toman los ciudadanos las podríamos atender en tiempo y forma sin necesidad de que un reclamo, por ejemplo, en este caso puntualmente salarial, termine en un corte de ruta y en una situación donde, no solamente no se puede establecer un diálogo institucional serio y responsable que permita ordenar ese conflicto, sino que terminemos afectando un sinnúmero de derechos de un montón de ciudadanos que ven con preocupación cómo el Estado, pese a tener cuarenta y pico de años de democracia, aún tiene un déficit institucional para atender y resolver estas problemáticas. Entonces, frente a una situación grave como la que estaba ocurriendo allí, donde teníamos una ruta cortada, en un fin de semana largo, un sinnúmero de ciudadanos que buscaban trasladarse por razones laborales o turísticas, interpretamos que era necesario buscar un mecanismo de diálogo que permitiese reinstitucionalizar el conflicto y eso fue lo que hicimos.
–Por último, quería pedirle si puede caracterizar a grandes rasgos el Presupuesto 2025 que van a presentar. (N. de la R: la entrevista fue formulada antes de la presentación en la Legislatura)
–El Presupuesto está en la línea que hablábamos anteriormente. Está fundado sobre una previsibilidad de recursos propios que respeta la pauta fijada por el Gobierno nacional en lo que tiene que ver con la responsabilidad fiscal, donde hay una estimación de la inflación que prevé Nación, del déficit. Fuera de esos parámetros generales, el Presupuesto está estructurado bajo esta matriz de la autonomía económica de la provincia del Neuquén, que por primera vez en muchísimos años incorpora la pauta salarial para el 2025, que es un dato no menor en función de lo que representa esa pauta en materia de gastos corrientes. También prevé criterios de algunos excedentes que van a ser afectados, por ejemplo, a atender gastos corrientes y también de cómo fuimos planificando en forma conjunta, a través de esta política de regiones, con los municipios la ejecución de una serie de obras que entendemos que son de respuestas estructurales básicas como es el agua, la cloaca, el gas, la electricidad para un montón de localidades que hoy en día no tienen garantizados estos servicios, y de otras obras que tienen un impacto en cuanto a lo que tiene que ver con planificar una provincia de Neuquén con un desarrollo económico vinculado, por ejemplo, al turismo, y ahí viene una inversión interesante en lo que tiene que ver con el inicio de ejecución de rutas. Pero es un presupuesto equilibrado, estructurado sobre la base de regiones como criterio novedoso y con esta pauta salarial como una cuestión muy significativa, que es inédita en la provincia, y que también es inédita en términos de Nación porque elevar el presupuesto 2025 con una pauta salarial no está ocurriendo eso en Argentina. Eso es valioso en términos de seguridad política, económica, jurídica para la provincia y eso creo que va a ser beneficioso a la hora de poder tomar algún crédito o algún mecanismo de financiamiento que nos permita ir achicando la brecha tan grande que tenemos en materia de infraestructura.
