El Gobierno nacional profundizó ayer el rumbo que adoptó desde el inicio de su mandato en contra de las políticas que defienden derechos de mujeres y disidencias y disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
Se trata del área a la que había quedado reducido el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y que se encargaba de llevar adelante políticas integrales para prevenir y asistir a víctimas y a sus familiares.
Dos semanas atrás, la Subsecretaría había pasado del Ministerio de Capital Humano a la órbita del Ministerio de Justicia. Ayer, se conoció la renuncia “indeclinable” de Claudia Barcia, quien estaba al frente de la Subsecretaría desde febrero.
En un texto difundido ayer, Barcia explica que tomó la decisión de dejar el cargo luego de que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, le comunicara por WhatsApp que la Subsecretaría “dejará de existir”.
Vale recordar que el Gobierno está obligado a tener un área específica, de acuerdo con la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, sancionada por el Congreso en 2009.
Según escribió la periodista Mariana Carbajal en Página 12, “Frente a esta situación, las 650 trabajadoras que quedan en el área se encuentran en estado de asamblea ante la incertidumbre sobre su futuro. Algunas pasarían a la Secretaría de Derechos Humanos y otras a la de Justicia, pero no se descarta que un porcentaje importante sea despedido, como parte del nuevo recorte de empleadxs públicos anunciado por el presidente Javier Milei para la mitad del año”.
