Un decreto que atenta contra la soberanía energética que pueda garantizar seguridad en el abastecimiento y a bajo costo.
“…Que a partir de la década de 1960 se inició en la Republica Argentina un importante proceso de planificación y desarrollo de la hidroelectricidad por parte del Estado nacional, a través de las empresas AGUA Y ENERGÍA SOCIEDAD DEL ESTADO (AYEESE) e HIDROELÉCTRICA NORPATAGÓNICA SOCIEDAD ANONIMA (HIDRONOR S.A) que proyectaron, construyeron y operaron grandes aprovechamientos hidroeléctricos en diversos puntos del país…”.
Aunque parezca irónico, este es el primer considerando del Decreto 718/24, que tiene como objetivo convocar a una licitación internacional para privatizar las represas Chocón, Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados.
Es tan evidente el notable papel planificador del Estado en estas obras, a través de sus trabajadores, técnicos y profesionales que hasta un presidente que dice “odiarlo” y tratar de “destruirlo desde adentro” debe reconocer que fue un hito en el desarrollo de nuestro país.
Actualmente, estas centrales se encuentran prorrogadas en su concesión luego de que, durante el gobierno de Menem fueran concesionadas por 30 años, quedando en manos de grandes corporaciones, varias de ellas trasnacionales. Con el vencimiento de las concesiones se abría una oportunidad histórica de recuperar entre el Estado nacional y las provincias el control de estas centrales y con ellas un recurso estratégico, que tiene que ver con abastecimiento seguro y económico de energía eléctrica para el desarrollo de un país. Pero el gobierno de Milei vuelve a privatizar las represas.
La importancia de las centrales hidráulicas para el desarrollo
Tamaña decisión tiene que ver con valorar a la energía sólo como una mercancía más que se comercializa bajo las reglas del libre mercado, negando su carácter estratégico, dinamizador de la economía y que debe ser un bien accesible, un derecho para las mayorías populares.
La generación hidráulica de la región Comahue durante el 2023 fue 12.770GWh, representando casi un 10% de toda la energía eléctrica consumida durante el mismo año. Este tipo de generación limpia aporta gran confiabilidad al sistema eléctrico, ya que al contar con embalses es posible tener grandes márgenes de reserva de energía para usar en el momento que sea necesario dependiendo la planificación del sistema.
Por su carácter de energía firme, sirve como base para fomentar las energías renovables, tales como las solares o eólicas que dependen en gran medida del recurso en “tiempo real”.
Las centrales fueron planificadas, construidas y operadas bajo la dirección estatal. Obras monumentales pensadas para un desarrollo a largo plazo, que fue motivo de orgullo de camadas de profesionales y técnicos formados en nuestro sistema educativo.
Desde que se aplicaron políticas que desplazaron al Estado de ese rol organizador y planificador allá por los 90, no hubo una sola obra más de tamaña envergadura en todo nuestro sistema eléctrico.
El modelo de la concesión y los privados en la energía demostró ser un rotundo fracaso
Toda la teoría que estuvo en boga durante el menemismo, y que ahora sustenta el presidente Milei, que limitaba el papel de los estados a un mero control indirecto y que el mercado pasaría a ser el medio mediante el cual se auto regule la oferta y demanda de energía, fracasó.
Se crearon organismos de control débiles y testimoniales ante el peso de los concesionarios que fueron condicionado cada vez más la provisión de energía.
Construir un modelo soberano y federal
Otra de las aberraciones de este decreto es su carácter antifederal, donde las provincias dueñas del recurso ni fueron consultadas. Éstas ya venían trabajando en propuestas que incluían el aumento de regalías, el cobro en especias para abaratar los valores de la energía en la región Comahue y el canon por el uso del agua.
El Comahue es una región netamente exportadora de energía, y durante años fue una demanda de las provincias tener un precio diferenciado que abarate el costo de la energía en la región para el consumo familiar, la producción y la industria.
Está claro que la visión del Gobierno nacional es contraria a esta perspectiva y que será una tarea de distintos sectores del arco político, educativo, profesional y de la organización popular defender lo que nos costó años construir.
Fue importante la presentación judicial que realizaron dirigentes de distintos ámbitos de nuestra provincia, una acción de amparo pidiendo que se declare la inconstitucionalidad e ilegalidad de las medidas del Gobierno nacional respecto de las centrales.
Ante este nuevo ataque es necesario la posición de que no es posible un desarrollo económico e industrial que genere beneficios a las grandes mayorías sin energía, y no es posible obtener energía suficiente, segura, limpia y a bajo costo sin planeamiento energético con perspectiva estratégica, soberana y federal.
- Juan Manuel Ramos – Profesor en el área de Sistemas Eléctricos de la Facultad de Ingeniería de la UNCO
- Mario Cambio – Dirigente político P. Trabajo y del Pueblo e integrante del Movimiento para la Recuperación del Petróleo
