La velocidad con la que el fiscal jefe de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública Pablo Vignaroli se mueve para avanzar en investigaciones que apuntan a personas de sectores populares o de la clase trabajadora es opuesta a la letanía para investigar en causas que tienen como objeto a personas del poder.
En el último mes, Vignaroli avanzó con una investigación surgida de una denuncia del Poder Ejecutivo provincial que puso en la mira a dos organizaciones sociales de Neuquén que administran comedores y merenderos, por el presunto delito de defraudación al Estado. En el marco de esa investigación, ordenó un operativo desmesurado que incluyó 14 allanamientos y la demora de 10 dirigentas -todas mujeres- del FOL y de Libres del Sur, que fueron esposadas y trasladadas a la comisaría para verificar sus datos, frente a las cámaras de algunos medios de comunicación que habían sido avisados de antemano.
Ahora, Vignaroli asoma nuevamente en la agenda con una explosiva investigación a un profesional de Andacollo que habría otorgado más de 800 certificados de licencias psicológicas a empleados y empleadas de la administración pública en el Consejo Provincial de Educación y otros 63 que fueron presentados en la administración central. La investigación cobra vuelo en un clima de tensión entre el sindicato de docentes de Neuquén y el Gobierno provincial por la sanción de una ley que otorga un plus por presentismo a los docentes, medida que para ATEN criminaliza el trabajo docente.
Pero si se repasan las causas en las que ha intervenido desde que asumió como Fiscal Titular de la Agencia Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, el 16 de septiembre de 2004, y como Fiscal de Cámara en 2006, se observa que la eficiencia y celeridad son cualidades que no aplica por igual.
En mayo de 2009, un conjunto de abogados agrupados en la “Convocatoria neuquina por la Justicia y la Libertad” presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento que presidía Oscar Massei, contra Vignaroli “por mal desempeño en la función”, donde describieron once hechos graves considerados causales para promover su destitución.
El Jurado de Enjuiciamiento, con un abroquelamiento entre el MPN, la oposición y el Poder Judicial, desestimó la denuncia por considerarla inadmisible y fue archivada. Así evitaron ventilar y someter al análisis los hechos denunciados. Repasemos algunos.
En primer término, “Convocatoria neuquina” acusaba a Vignaroli de “no haber investigado ni promovido la acción penal contra el ex gobernador Jorge Sobisch, ni dado instrucciones a los fiscales adjuntos que integran la Agencia de Delitos contra la Administración Pública” en el expediente caratulado con el nombre de los Comisarios Generales “Zalazar, Carlos David – Soto Moisés s/ incumplimiento a los deberes de funcionario público”. La causa tenía relación con los sucesos del 30 de marzo de 2006, en los que un “grupo irregular” (identificado como los “cascos amarillos”, porque eran trabajadores de la construcción) actuó como fuerza de choque para desalojar a docentes que cortaban el acceso a la refinería de Repsol YPF, en Plaza Huincul. Con posterioridad, Sobisch reconoció que dio a la Policía provincial la orden de liberar la zona.
“La Fiscalía recibió el audio de las declaraciones del ex-gobernador Sobisch donde reconocía haber emitido la orden ilegal. A pesar de ello, la Agencia Fiscal, a través de uno de los fiscales adjuntos, que eran supervisados por el Fiscal Vignaroli, sólo promovió la acción penal en relación al Jefe y Sub-jefe de Policía, omitiendo todo temperamento respecto del gobernador. Tampoco se investigó al superintendente de Seguridad ni a otros funcionarios del Gobierno”, indicaron en el pedido de enjuiciamiento.
Nota al pie: El episodio de Plaza Huincul es considerado la antesala de lo que ocurrió al año siguiente en Arroyito, cuando Sobisch ordenó a la Policía reprimir el corte de ruta que nuevamente realizaban los docentes y Carlos Fuentealba fue asesinado.
Otro de los hechos de los que acusaban a Vignaroli era haber procurado que se frustren los fines del proceso en la causa “Ferreira, Osvaldo Raúl – Segovia, Martín s/ cohecho”, más conocida como “la causa de la cámara oculta”, realizada por el ex diputado Jorge Taylor a Sobisch. En esta causa, “Ferreira era acusado de haber realizado un ofrecimiento pecuniario a un legislador provincial para que prestara quórum al tratamiento de unas ternas -para la designación de jueces del Tribunal Superior de Justicia-, que se le imputó en su momento al entonces gobernador -vía interpósita persona- y a otro legislador -quien sería el autor directo de la propuesta-.
Para este caso, señalaban que el Ministerio Público Fiscal omitió toda actuación por más de 3 años, permitiendo que la acción penal se extinga o quede al borde de la extinción, pese a tratarse de “una de las causas más importantes de la provincia”, al entender de “Convocatoria neuquina”, puesto que “en ella se encontraba imputado el propio gobernador, un ex diputado provincial y un conocido abogado del foro”.
Sumado a ello, recién en noviembre de 2008, en su carácter de “supervisor” de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, Vignaroli manifestó que tenía una relación de amistad con uno de los imputados (Segovia), que le impediría ejercer el rol de fiscal en la causa con la objetividad que el cargo obliga. Es decir, omitió excusarse desde el inicio.
Otro de los hechos que formaban parte de la acusación contra Vignaroli fue su accionar en la investigación de la malversación de fondos públicos en el IADEP a instancias de una denuncia efectuada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén, en abril de 2004. El requerimiento de Instrucción lo realizó el entonces fiscal Pedro Teleriarte. Las imputadas eran Marta Cernaz y María Cristina de Martín, que terminaron siendo sobreseídas tras sucesivos pedidos de prórrogas solicitados por el fiscal, infundados, para evitar la elevación a juicio.
Un dato no menor es que Cernaz había sido incorporada por el TSJ a través de un contrato que se renovó varias veces (a pesar de la causa penal) y que el sobreseimiento hizo posible que el TSJ la nombrara definitivamente en el Poder Judicial.
“Como claramente puede apreciarse de la descripción efectuada, el sobreseimiento en las presentes actuaciones responde pura y exclusivamente al pésimo desempeño del fiscal Pablo Vignaroli, quien realizó incorrectamente el requerimiento de elevación a juicio y, luego de declarada la nulidad, dilató inexplicablemente la subsanación de los defectos de manera tal de permitir que se vencieran los plazos procesales, para luego consentir la resolución que disponía el sobreseimiento”, señalaron en el escrito.
Un último ejemplo: Vignaroli intervino en la causa sobre presunto enriquecimiento ilícito del diputado del MPN Oscar Alejandro Gutiérrez. La investigación, en un principio, fue llevada adelante por la fiscal María Cristina Beute. En septiembre de 2004, luego de ampliar la denuncia contra el diputado, Beute fue apartada de la Fiscalía de Delitos Contra la Administración Pública por expresa solicitud de Vignaroli, quien quedó a cargo de la investigación. Luego, la Cámara de apelaciones ordenó la nulidad de todo lo actuado y Vignaroli, teniendo la obligación de actuar de oficio y apelar esa decisión, no lo hizo.
Un jurado viciado y perezoso
La conformación del jurado que debía evaluar el pedido de enjuiciamiento a Vignaroli estuvo viciada desde el inicio y no respetó el principio de razonabilidad en cuanto a los plazos para responder un proceso judicial.
Hasta 2010, año en que se modificó la Ley 1565, el Jurado de Enjuiciamiento que debía analizar la denuncia estaba integrado por el presidente del TSJ y dos vocales; dos representantes de la Legislatura de la Provincia y dos abogados en ejercicio que eran designados por la Legislatura.
Por la Legislatura, formaban parte los entonces diputados Jorge Della Gáspera, del MPN, y el radical José Luis Sáez. Este último, reconoció públicamente haber sido “aconsejado” por alguien externo al jurado para emitir su voto (en referencia a Marcelo Inaudi). Ellos votaron la admisibilidad del pedido de juicio político.
En representación de los abogados, el jurado lo integraban la doctora María Alejandra Giunti y Jorge Brillo. Brillo estaba involucrado en una de las causas porque había sido asesor de Sobisch y debió excusarse de integrar el jurado. Pero no lo hizo.
Por parte del TSJ, integraron el jurado Oscar Massei, Guillermo Labate y Graciela Martínez de Corvalán. En un doble juego, votaron la admisibilidad del juicio, la cual argumentaron en un breve párrafo cada uno. Pero, al mismo tiempo, rechazaron un pedido de apartamiento de Brillo, que al igual que Giunti, no hicieron lugar a la investigación.
Tardaron diez meses en definir si daban curso a la denuncia. El 23 de marzo de 2010, emitieron un Acuerdo Nº 242 de inadmisibilidad. Entre los fundamentos, mencionaban que los hechos denunciados ocurrieron hace mucho tiempo y que, de ser ciertos, debieron haber sido denunciados antes por otros funcionarios del MPF; que los hechos denunciados ya fueron incluidos en otra denuncia que no prosperó; o que el fiscal “en todos los casos se ha conducido con el ineludible criterio de objetividad”.
La Asociación de Magistrados de Neuquén criticó que los plazos que se tomaron resultaron irrazonables y violatorios de los principios de celeridad y eficacia inherentes a todo proceso judicial.
La Multisectorial por la Justicia, integrada por Convocatoria Neuquina, el Foro Ciudadano para la Democracia de Neuquén, ATEN, ATE, trabajadores judiciales y otras organizaciones sociales; sumado a los entonces diputados Rodolfo Canini y Soledad Martínez, y de anteriores gestiones como, Beatriz Kreitman y Ricardo Villar, junto a referentes de la Justicia y de los Derechos Humanos, agregaron que “la decisión de no investigar la conducta de Vignaroli se inscribe en el marco del acuerdo político enhebrado entre el ex-gobernador Jorge Sobisch y el actual mandatario, Jorge Sapag. Pero este acuerdo tiene un tercer actor, que es el radicalismo que maneja Horacio Quiroga, históricamente funcional del Sobichismo. Mientras Sobisch y Sapag acuerdan cómo conducir su partido, el radicalismo quiroguista, de la mano de Inaudi, y con la participación útil del diputado Jose Luis Saez, les garantiza la impunidad para no investigar la corrupción de esta provincia”.
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