El Ministerio Público de la Defensa de Neuquén advirtió a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia sobre la “extrema situación” que atraviesan las personas privadas de su libertad y calificó de “inadmisible” el nivel de hacinamiento al que han llegado los lugares de detención.
En un informe preliminar presentado el 30 de diciembre pasado al ministerio que conduce Matías Nicolini, Defensores y Defensoras Públicas anticiparon parte del contenido del Informe Anual 2024 elaborado por el Grupo de Control del Encierro Preventivo del Ministerio Público de la Defensa. Aclararon que los datos difundidos se corresponden a la Primera Circunscripción judicial porque allí se ubican los centros de detención con mayores problemas, pero el informe completo, que será presentado públicamente en los próximos días abarca a todo el territorio provincial.
Uno de los datos que resaltaron las y los defensores públicos indica que, respecto de 2023, “no sólo se han agravado las deficientes condiciones de habitabilidad, sino también el hacinamiento ha llegado a niveles inadmisibles”. Según se lee en la web del MPD, el análisis también comprende el estado edilicio de los lugares que alojan a personas privadas de su libertad.
Los datos denunciados por el MPD, que conduce Vanina Merlo, concuerdan con los relevamientos realizados durante todo 2024 por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Penas Crueles y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CPPT) de Neuquén, que en diciembre pasado presentó en sociedad el primer informe anual elaborado por ese organismo a lo largo de 2024, donde describieron la situación de detención de persona alojadas en las Unidades Nº11, 12 y 16 de Neuquén y en 13 comisarías de la Primera Circunscripción Judicial.
El informe de los Defensores recoge datos hasta el 23 de diciembre de 2024 y refleja la cantidad de personas privadas de la libertad en cada comisaría y la evolución del estado de ocupación de cada una de ellas durante todo el año. “Estos datos permiten visualizar el progresivo hacinamiento y el promedio de metros cuadrados destinado en realidad a cada persona, muy por debajo de los mínimos legalmente establecidos”, subrayaron.
Respeto del hacinamiento en comisarías, los funcionarios judiciales advirtieron que “la sobrepoblación supera el 100% de la capacidad estimada por la Policía Provincial: La Jefatura de Policía estima para la I Circunscripción Judicial un cupo teórico de 72 plazas (‘aún fuera de los estándares mínimos’), cuando en la actualidad el nivel de ocupación alcanza las 143 personas (83 condenados, 59 detenidos en prisión preventiva y un arrestado a disposición del Juzgado de Familia)”, según detalla el informe.
También resaltaron que del análisis “surge evidente que se ha reducido a esta población a condiciones inhumanas, inadmisibles en un Estado Constitucional de Derecho y en consideración a los estándares internacionales que rigen en la materia”.
