Con un Congreso vallado para impedir la manifestación en apoyo a los jubilados y en repudio de la represión de la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó ayer el DNU Nº 179 que habilita al Ejecutivo a tomar un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional.
La votación se dio en una jornada marcada por gritos, insultos y entredichos dentro del propio oficialismo, por un audio del presidente de la Cámara, Martín Menem, que se filtró a la prensa y convocaba a los propios a “putearlo” y armar un escándalo para correr el foco de la discusión. Así todo, el decreto se aprobó sin mucha discusión, con 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones.
El triunfo fue posible por el apoyo de los 37 diputados de La Libertad Avanza, 36 del PRO, 19 de la UCR, 6 de Encuentro Federal, 8 de Innovación Federal, 6 de la Coalición Cívica, 4 de Democracia para Siempre, y 13 de distintos bloques minoritarios aliados al oficialismo.
De manera negativa votaron 108 diputados: 93 de Unión por la Patria; 5 del Frente de Izquierda; 3 de Encuentro Federal; 7 de Democracia para Siempre y el santacruceño Sergio Acevedo.
Se abstuvieron Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Florencio Randazzo, de Encuentro Federal; Martín Tetaz (UCR), y Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal).
El voto de los neuquinos estuvo dividido. Tanya Bertoldi y Pablo Todero (UxP) votaron en contra del acuerdo. De manera positiva votaron Nadia Márquez (LLA), Pablo Cervi (UCR) y Osvaldo Llancafilo (MPN).
El presidente Milei logró de esta manera un blindaje del Congreso a un acuerdo con el organismo internacional cuyas condiciones, como el monto, el plazo y las condiciones, se desconocen. El oficialismo celebró la sanción y justificó la necesidad de un nuevo endeudamiento en “la pesada herencia” recibida del gobierno anterior.
Entre los detractores del decreto argumentaban que el mismo es ilegítimo porque se salta la ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, sancionada en 2021 y conocida como “ley Guzmán”, que indica que la deuda pública debe ser autorizada por una ley sancionada por el Congreso y contemplada en el Presupuesto general.
