En nuestro país existe una ley conocida popularmente como Ley de Salud Mental, la N° 26657, que en su artículo 1 plantea que “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional”. Es una ley de fácil lectura, que llevó años de trabajo de distintos sectores de la sociedad civil y política. Invito a leerla. Este artículo primero, de fundamental importancia, habla de la protección de la salud mental de todas las personas y, en el caso de personas con algún tipo de padecimiento mental, el acceso a todos los derechos humanos.
A lo largo de su articulado, hace referencia a la salud mental, en un sentido amplio, integral, no reduccionista a diagnósticos, sino a un proceso en el cual intervienen componentes sociales, económicos, culturales, biológicos, psicológicos. Y de la necesidad de alternativas de atención, de tratamientos, de asistencia, que no tengan el eje en lo hospitalario, sino en el trabajo en lo comunitario, en diferentes dispositivos de asistencia, con intervenciones que provengan de diferentes profesionales trabajando en conjunto (lo llamado interdisciplinario). Y en que cuando se requieran internaciones de una persona se haya trabajado previamente en otras alternativas. La ley intentó plasmar en su texto un cambio de paradigma, tratando a las personas con padecimientos mentales como sujetos de derecho, priorizando lo comunitario; utilizar el recurso de una internación, cuando sea necesario y como última alternativa.
Distintos sectores de la sociedad vienen planteando que la Ley de Salud Mental se tiene que implementar con todos los recursos necesarios, que hay grandes falencias, pero no debidas a lo que plantea la ley sino a su implementación. Es decir, en cómo se está trabajando, con qué recursos se asiste a una población afectada cada vez más, con problemáticas de ese orden, en los distintos grupos etarios, pero fundamentalmente niños y adolescentes. Es muy común escuchar, en los últimos tiempos, la alta demanda en las guardias hospitalarias, el crecimiento de determinadas problemáticas, llámese consumo de sustancias, intentos de suicidios, etc.
Y, lamentablemente, las áreas de salud mental nunca gozaron de buena salud, casi siempre se trabajó con pocos recursos, con una pelea constante por mayores ingresos de personal a los diferentes equipos de salud, con escasez de dispositivos que son necesarios, llámese dispositivos residenciales (estructuras habitacionales para personas sin afectos que los alberguen), centros de día (dispositivos grupales comunitarios, que se trabaja para ampliar autonomías de las personas), asignación de acompañantes terapéuticos cuando sean requeridos, sólo por nombrar algunos.
Todo lo mencionado se trata de política pública, que pareciera, en los últimos tiempos, malas palabras: la política y lo público.
Cuando hablamos de política pública hablamos de Estado, y acá llegamos a un problema importante: si con el gobierno anterior (sólo por referirnos al último tiempo) ha sido una constante la demanda de más recursos, de definiciones políticas que se sostengan, de aumento de los presupuestos, en este momento, y desde el 10 de diciembre del 2023, todo se ha complejizado aún más.
Empezando por lo último, el intento de cierre del Hospital Laura Bonaparte, por parte del Gobierno nacional a través de su Ministro de Salud, Mario Lugones (proveniente del sector privado, del Sanatorio Güemes). Cerrar un hospital, cerrar un hospital que atiende problemáticas de salud mental, concepto que incluye adicciones. Cerrar una guardia hospitalaria, una sala de internación, para luego cerrar esa institución. Cerrar un hospital que se adecuó a la Ley de Salud Mental, referencia no solo en lo asistencial sino en formación y capacitación a instituciones de cualquier lugar del país que lo demanden. Difícil de creer, pero esa era/es la intención del Gobierno nacional que se jacta de haber venido a destruir lo público, eso público que para ellos es su enemigo. No importan las personas atendidas, no importan quienes trabajan (muchos de ellos, hay que decirlo, trabajando contratados).
Quizás fue la incredulidad ante semejante decisión, el pensar “esto no puede ser”, “esto no puede pasar”, que rápidamente hubo una respuesta, no sólo de quienes pasan allí horas trabajando y dando albergue al malestar social, sino de los llamados “usuarios” que requieren asistencia, de sus familiares, de diferentes organizaciones de todo tipo. Y se frenó por la rápida respuesta, por la organización interna y externa, por la solidaridad, por el apoyo masivo. Ahora se podrán establecer otras instancias de cierto diálogo y no de destrucción. Igualmente, ya los trabajadores han dicho que se mantienen en asamblea y en estado de alerta.
Para graficar una parte de este proceso, viene a mi memoria una frase de una mujer atendida en el Bonaparte: “Necesito a mi psicóloga, a mi trabajadora social, a mi equipo. Hoy, en el abrazo solidario, me encontré con mi psiquiatra, y fue algo muy importante para mí. Tengo la esperanza de que Milei recapacite y eche atrás esta decisión. Espero que el Gobierno piense un poco, porque están haciendo todo mal”. Esa frase implica muchas cosas, una de las que se me ocurre es que el Bonaparte, el hospital, es hospitalario, no poca cosa en estos tiempos de crueldad planificada.
El Gobierno nacional ya en sus inicios empezó con los tapones de punta, al incluir en el proyecto “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” una reforma a la Ley de Salud Mental, planteando modificaciones a pocos artículos, pero yendo a destruir no sólo la letra sino el espíritu de la ley: atacando el paradigma de derechos humanos de la ley, el trabajo en forma interdisciplinaria de los equipos, no contemplando a la persona que requiera asistencia, como sujeto de derechos, excluyendo en el Órgano de Revisión (órgano que debe velar por su cumplimiento) a las organizaciones sociales que actualmente lo componen.
Y ese intento de reforma fue frenado también por la movilización, la organización, la discusión, el debate, en diferentes ámbitos, entre otros, la calle. Siempre con el eje en que la ley no necesita modificaciones, sino recursos para su implementación. Finalmente, se sacó de la Ley Bases esa reforma, lo cual no quiere decir que, en un futuro próximo, vuelvan con la arremetida.
Otro punto, que quizás es poco conocido y que afectó a usuarios de distintos espacios de salud que tienen en el arte su quehacer y a los trabajadores, es el cierre del Complejo Chapadmalal, que era usado cada dos años, en los meses de octubre o noviembre, para el desarrollo de los Festivales y Congresos Latinoamericanos de Arte hacia la Desmanicomialización. En el 15º festival (realizado en 2022), participaron cerca de 600 personas. Hubo delegaciones de distintas localidades, entre ellas de Neuquén, con el lema “una puerta a la libertad, no al manicomio”.
En esos festivales hay teatro, música, títeres, mimos, exposiciones, muestras, etc. siendo las actrices y actores principales los usuarios de hospitales, centros de día.
Cuando este año, la Red Argentina de Arte y Salud Mental comenzó la organización del 16º Festival, se encontró con la imposibilidad de disponer del Complejo Chapadmalal. A partir de allí, con la opinión y el trabajo de las distintas delegaciones de esa red, se decidió concretar en distintas localidades, en el transcurso de un mes, del 15 de octubre al 15 de noviembre, un festival Federal.
Para ir cerrando, las tres cuestiones mencionadas: intento de cierre del Hospital Laura Bonaparte, el intento de Reforma de la Ley de Salud Mental, las imposibilidades de contar con el espacio histórico para los festivales de Arte y Salud Mental, Chapadmalal, todas decisiones políticas de un gobierno elegido por el voto de la mayoría pero con un objetivo, dicho sin vergüenza, de destruir lo público, de destruir el Estado, han tenido respuestas de organización, de resistencia, de no dejarse arrasar, de buscar una alternativa. Quizás esa sea una respuesta desde la salud mental: la organización colectiva, valorar las respuestas conjuntas, la no resignación ante decisiones gubernamentales que se consideran injustas, no dejarse arrasar.
Como una forma de homenaje a Silvia Bleichmar, Dra. Psicoanalista que pensaba y escribía contemplando los contextos históricos, políticos, comparto una frase del libro Dolor País (2002): “el <dolor país> se mide también por una ecuación: la relación entre la cuota diaria de sufrimiento que se le demanda a sus habitantes y la insensibilidad profunda de quienes son los responsables de buscar una salida menos cruenta”.
Miriam Rivas – Trabajadora social jubilada y referente de la Red Intersectorial en defensa de la Ley de Salud Mental y Adicciones de Neuquén.
