El ex juez federal Pedro Duarte y el ex fiscal federal Víctor Ortiz fueron condenados hoy a 11 años de prisión de cumplimiento efectivo por los crímenes cometidos durante la dictadura en el Alto Valle. Además, el tribunal ordenó el cese de la percepción de sus jubilaciones de privilegio. Se trata del primer juicio realizado en la región contra civiles que formaron parte del aparato represivo estatal.
El Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado por la jueza María Paula Marisi (presidenta), Alejandro Silva y Sebastián Foglia (presente de manera virtual), emitió por unanimidad su veredicto en el cual condenó a Duarte y a Ortiz por considerarlos partícipes secundarios del delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público. También resultaron responsables de la omisión de promover la persecución penal, es decir, por no investigar las denuncias que recibían de los familiares de las personas desaparecidas. A Duarte, además, lo condenaron por prevaricato, un delito que sólo le cabe a los jueces. Finalmente, también hicieron lugar a la solicitud de la fiscalía del cese del cobro de sus jubilaciones de privilegio.
“Es un día muy importante” dijo el abogado querellante en representación de la APDH Neuquén Marcelo Medrano tras oír el veredicto, al que definió como “tremendamente reparador para las víctimas, para los familiares, para los que declararon y no están”. Explicó que “lo que en algún momento parecía un relato de algo que no había sucedido, hoy se plasmó” y sostuvo que “teníamos razón en cómo había funcionado el Poder Judicial garantizando legitimidad e impunidad a la dictadura, al sistema represivo estatal”.
Pasadas las 11, en el salón de Amuc, Marisi comenzó la lectura de la sentencia en la que definieron “condenar a Pedro Laurentino Duarte a la pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua por considerarlo partícipe secundario del delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por el empleo de violencia”. Esto se dio en concurso ideal con el delito de omisión de promover la persecución penal en carácter de autor. Además, lo condenaron por el delito de prevaricato. Los magistrados también le impusieron el pago de una multa de 1.275.000 pesos y de las costas del juicio.
Con respecto a a Víctor Marcelo Ortiz, Marisi leyó la decisión de “condenarlo a la pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena, accesorias legales y costas del proceso penal por considerarlo partícipe secundario del delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravado por el empleo de violencia en concurso ideal con el delito de omisión promover la persecución penal en carácter de autor” en siete hechos.
El fiscal general, Miguel Ángel Palazzani, había pedido en su alegato que se los condene a 25 años de prisión, por considerarlos responsables de los delitos de omisión de persecución penal (en calidad de autor) y participación secundaria en los secuestros, torturas y desapariciones ocurridas en Neuquén, Cinco Saltos, Plottier, entre otras localidades de la región.
La pena que fijó el tribunal es menor a la que había requerido la fiscalía. Una vez que se conozcan los fundamentos de la sentencia, existe la posibilidad de apelar esa decisión.
El tribunal sí hizo lugar a otro pedido de Palazzani en relación a que los imputados dejen de cobrar “verdaderas jubilaciones de privilegio millonarias” y que la Anses adecue los haberes previsionales. Además, había requerido que se arbitren las acciones administrativas y judiciales para que se reclame la devolución de lo que ilegítimamente se pagó como jubilación. Los jueces hicieron lugar a esa solicitud y ordenaron “remitir a la Anses y al juez con competencia previsional que corresponda una copia de la sentencia”.
Finalmente, por mayoría el tribunal declaró que los hechos resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y cometidos en el contexto de genocidio, razón por la cual resultan imprescriptibles.
Más temprano, Ortíz y Duarte hicieron uso de sus últimas palabras, donde ratificaron su inocencia y pidieron al tribunal su absolución. Ambos habían sido designados en los cargos, luego de desplazar a los funcionarios que había en la jurisdicción antes de la dictadura. Ortiz era secretario del juzgado y fue nombrado fiscal. A sus despachos llegaban, desesperados, los familiares de personas desaparecidas solicitando la presentación de un hábeas corpus o pidiendo que se investigue su paradero. Pero los ex funcionarios judiciales no los recibían o no investigaban.
Una particularidad que tuvo este juicio es que la referente de los derechos humanos Noemí Labrune dio una declaración anticipada para este juicio el 6 de junio de 2023, debido a su avanzada edad. Ese día también declaró el abogado Guillermo Correa. Sus dichos fueron incorporados una vez comenzadas formalmente las audiencias, el 20 de octubre de 2023. En este juicio también brindaron testimonio sobre el secuestro y desaparición de su hijo Oscar e Inés Ragni. Oscar falleció el 18 de julio pasado. Dos meses después murió también su compañera, Inés Ragni.
“Más o menos dos tercios de los testigos y las testigas que estaban previsto que declaren, por problemas de salud o directamente porque se murieron no pudieron declarar”, detalló Marcelo Medrano, en alusión a una de las principales dificultades que tuvo este juicio, a más de cuarenta años que fueran cometidos los hechos juzgados.
*con la colaboración de Malena Arias Kraemer
