Sancionada la ley que elimina las jubilaciones de privilegio para las personas que asuman cargos electivos en la provincia a partir de 2027, legisladores de la oposición insisten en extender el fin de ese privilegio a funcionarios judiciales y magistrados. Si bien las dos iniciativas se amparan en el principio de igualdad, aún no está garantizado que vayan a correr la misma suerte.
El 15 de agosto pasado, la diputada Lorena Parrilli (UxP) presentó el proyecto Nº 16954, que propone incorporar al régimen jubilatorio establecido en la ley 611 (para trabajadores del régimen ordinario) a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y derogar la ley 859 (que otorga privilegios). La iniciativa contó con la adhesión de sus compañeros de bloque, Darío Martínez y Darío Peralta, y de las diputadas Mercedes Tulián (PRO- NCN), Brenda Buchiniz (Cumplir).
En la sesión pasada, Parrilli pidió preferencia para que el proyecto comience a ser discutido en la Comisión I, de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales que preside Francisco Lépore (Avanzar). La votación se aprobó por mayoría. Además de los firmantes, algunos diputados del MPN, como Daniela Rucci, Ludmila Gaitán, Paola Cabeza, fueron las primeras en levantar la mano, al igual que los diputados del FIT-U, Gabriela Suppicich y Andrés Blanco, que ya venían pregonando la inclusión de los funcionarios judiciales cuando se trató el fin de las jubilaciones de privilegio para quienes ostentan cargos electivos, pero se chocaron contra la negativa del oficialismo y sus aliados.
Otros levantaron la mano cuando vieron que ya estaban los votos necesarios para que la moción se apruebe. Tal fue el caso de Ramón Fernández (MPN), Mónica Guanque (Desarrollo Ciudadano- Comunidad) o Francisco Lépore, que meses atrás fue miembro informante del proyecto del oficialismo que eliminó las jubilaciones de privilegio para funcionarios del Ejecutivo. Aunque Lépore preside la comisión donde comenzará el debate, ante la consulta de Intempestiva desde su equipo de comunicación respondieron que no habla de proyectos que no surgen de su espacio político.
Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) también apoyó el tratamiento del proyecto, que es similar a otro de su autoría presentado el 5 de marzo pasado. Según argumentaba en el texto, su iniciativa –que propone derogar la ley 859 y modificar la ley 1971- surge de la necesidad de promover “la igualdad, la equidad y la austeridad” en el sistema de jubilaciones y salarios del Poder Judicial, reconociendo los principios fundamentales de la igualdad ante la ley y la responsabilidad fiscal.
Según datos no oficiales, la jubilación promedio de un magistrado en la provincia es de 8 millones de pesos y la de un trabajador judicial, 4 millones de pesos.
Como informó Intempestiva en esta nota, las jubilaciones de magistrados y funcionarios judiciales de Neuquén sextuplican a las de quienes fueron funcionarios electos. Según datos ventilados en una sesión realizada en diciembre pasado, en la que se trató el fin de los privilegios para quienes ocupan cargos electivos- se contabilizaron “184 jubilaciones en la caja provincial por la Ley Especial 1282 (2023) y 849 de funcionarios judiciales con privilegios. Los cargos electivos de la 1282 involucraban un 1,2% de las erogaciones por jubilación y en el caso de jueces y juezas, un 7,7%”.
