Desde las 8, en la Ciudad Judicial de Neuquén se realiza la primera audiencia del juicio oral que buscará establecer responsabilidades en la explosión ocurrida hace tres años en la Escuela Nº 144 de Aguada San Roque, que causó la muerte de los trabajadores Mariano Spinedi y Nicolás Francés, y de la maestra Mónica Jara.
De los siete imputados que llegaron a esta instancia, cuatro eran funcionarios provinciales. Se trata de Raúl Capdevilla, director provincial de Obras Contratadas de la secretaría de Obras Públicas; Carlos Córdoba, director de Obras Contratadas dependiente de la secretaría de Obras Públicas; Roberto Deza, subsecretario de Obras Públicas; y Sergio Percat, empleado en Obras Públicas.
En tanto, dos responsables de la empresa Arte Construcciones SRL, que tenía a cargo la obra de ampliación de gas en la escuela, también llegaron a juicio. Ellos son el socio gerente, Héctor Villanueva, y Diego Bulgheroni, arquitecto, representante técnico de esa empresa.
Otros funcionarios de Educación que estuvieron imputados durante la etapa de instrucción son Fabio Antonio Luna, que era director general de la Modalidad Rural del CPE; y Patricia Delia Cressatti, directora provincial de Nivel Primario. Ambos fueron sobreseídos en la audiencia de formulación de cargos.
El 29 de junio del 2021, el gasista Nicolás Francés y su sobrino que oficiaba de ayudante, Mariano Spinedi, trabajaban en las obras de extensión de gas en parte del albergue del establecimiento educativo cuando se produjo una explosión. Ambos murieron en el acto y la docente Mónica Jara resultó gravemente herida. Falleció días después, el 12 de julio, en un hospital especializado en quemaduras, en Mendoza.
En el hecho, la responsabilidad principal recae sobre los funcionarios de la provincia que habían contratado a la empresa para realizar la obra pero luego no realizaron los controles correspondientes. Incluso, realizaron pagos por trabajos que aún no estaban concluidos y permitieron la vuelta a clases aún cuando no estaba el final de obra.
Algunos de los delitos que se les imputan a los funcionarios son incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio culposo, y administración fraudulenta.
El Tribunal está integrado por los jueces Lisandro Federico Fidel Borgonovo, Maximiliano Bagnat e Ignacio Pombo, mientras que la acusación estará a cargo de los fiscales Gastón Liotard y Gabriela Macaya.
