A la decena de proyectos ya presentados para reducir la edad de imputabilidad, se sumó el proyecto del gobierno de “Régimen Penal Juvenil” en el que plantea algunas modificaciones al Código Penal y derogar la actual Ley Nº 22.278, de manera de reducir la edad de imputabilidad que la dictadura militar en 1980 había establecido en 16 años.
El régimen actual establece que los menores de 16 años no responden penalmente por ningún delito, y quienes tienen entre 16 y 18 sólo pueden ser condenados por delitos con penas mayores a dos años, pero recién pueden cumplir la pena en una cárcel cuando alcancen la mayoría de edad. Si el menor se encuentra en una situación de abandono, falta de asistencia, en peligro material o moral o tiene problemas de conducta, el juez puede disponer de él.
El proyecto del gobierno reduce la edad de punibilidad a 13 años prohibiendo la pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20 años.
El proyecto se funda en el argumento de que “…la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada…“.
Ya en junio pasado el Gobierno había anunciado que presentaría este proyecto, y en su comunicado, entre otros aspectos, remarcó que “…Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente…”.
Más allá de los debates técnicos, de si aumentan o no los delitos cometidos por menores, o de la incidencia de estos en la totalidad de delitos, lo que oculta el Gobierno, en sintonía con la nueva derecha global, es que el crimen organizado no puede ejercer sus actividades sin la necesaria connivencia de elementos corruptos en sectores de las mismas fuerzas de Seguridad y de la Justicia, siendo ésta connivencia una de las principales causas del incremento de la criminalidad y su impunidad.
Lo ha sabido Italia mediante el proceso conocido como “mani pulite” (manos limpias) o “tengentopoli” (ciudad soborno), que en 1992 sacó a la luz un contexto político de corrupción, extorsión y financiación ilegal de los partidos políticos más tradicionales, acusados de aceptar sobornos a gran escala de diversas bandas criminales a cambio de “protección” para sus actividades delictivas.
Nuestras fuerzas de seguridad que recibieron una fuerte definición cultural propia durante la dictadura militar, no han sido ajenas a este flagelo que azota el planeta.
En marzo de 2021, el Tribunal Oral Federal Nº 3 de Rosario condenó a 10 años de prisión al ex jefe de inteligencia de Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta, como “partícipe necesario” en el delito de tráfico de estupefacientes, y que ejercía funciones bajo la gestión de seguridad santafesina de Maximiliano Pullaro, hoy gobernador de la Provincia de Santa Fe, pese a haber sido acusado de narco por las políticas Lilita Carrió y Carolina Losada.
Sergio Varisco, alineado con Cambiemos y hoy fallecido, en su momento fue declarado partícipe necesario penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado, resultando condenado a seis años y seis meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal de Paraná.
Este tipo de situaciones se repiten en casi todas las provincias con casi todos los colores políticos.
No son niños de 13 años quienes amenazan la seguridad y la paz de los “argentinos de bien”, sino la trama de corrupción delictivo-institucional que la democracia argentina aún no ha podido, o no ha querido, desarticular.
Nuestra democracia aún tiene esa deuda pendiente con la ciudadanía. Y de todos dependerá que sea o no saldada.
Cristina Montserrat Hendrickse- Abogada militante trans.
