En los últimos años en nuestro país, diversas policías comenzaron a incorporar nuevas armas para su intervención. Así, a las ya conocidas balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, se sumaron las armas de descarga eléctrica y las pistolas con proyectiles químicos, entre otras. Los gobiernos eligen llamarlas armas no letales, pero lo cierto es que se trata de armas menos letales. La evidencia médica demuestra que pueden causar lesiones graves, discapacidades y, en los casos más extremos, la muerte.
En Neuquén se presentó una propuesta legislativa para habilitar el uso de este tipo de armas. Esta podría ser una oportunidad para enmarcar el uso de estas armas dentro de los estándares internacionales del uso racional de la fuerza. Sería la primera jurisdicción de la Argentina en lograrlo. Pero para ello hay que tener claridad sobre distintas cuestiones. En primer lugar, la única manera de reducir la letalidad en la intervención policial es asegurando que estas armas reemplacen a las armas de fuego en las tareas de prevención y sean acompañadas por estrictos controles. Para ello es necesario especificar cuáles son las armas que se habilitarían y cuál es el potencial daño que pueden provocar. Además, es necesario fijar claras regulaciones para su uso que deben ser acompañadas por capacitaciones que prioricen las intervenciones policiales no violentas.
En Neuquén se presentó una propuesta legislativa para habilitar el uso de este tipo de armas. Esta podría ser una oportunidad para enmarcar el uso de estas armas dentro de los estándares internacionales del uso racional de la fuerza. Sería la primera jurisdicción de la Argentina en lograrlo.
Porque el riesgo es que la idea de “no letalidad” habilite a las policías a responder con estas armas como táctica de intimidación o castigo, cuando deberían usarlas como último recurso para hacer cesar una situación que representa un daño potencial mayor.
A causa del mal uso extendido de estas armas y del daño que provocan, Naciones Unidas publicó una serie de directrices que deberían guiar las reglamentaciones internas de los países. Allí se pone una especial alarma sobre las afectaciones que su uso puede provocar cuando las armas se disparan a corta distancia, pero también cuando son lanzadas desde lejos con un objetivo indefinido. Además, este instrumento alerta sobre el daño agravado que pueden provocar cuando son utilizadas sobre personas con ciertas características, como las personas embarazadas, personas con signos de intoxicación por alcohol o drogas, con padecimiento mental, con contextura muy delgada y adultxs mayores, entre otros casos. Estas directrices deberían ser incorporadas a la ley para que luego se materialicen en los protocolos correspondientes.
En los episodios de represión violenta de la protesta social registrados en los últimos meses las armas utilizadas fueron las menos letales. En la Ciudad de Buenos Aires, en febrero y en abril, dos personas perdieron la visión por el impacto de balas de goma en manifestaciones en oposición a las medidas implementadas por el gobierno nacional. En junio de 2023, en el marco de las protestas contra la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, 4 personas fueron víctimas de lesiones oculares en distintos lugares de la provincia. Entre ellos, un joven de 17 años perdió la visión de un ojo.
Cuando las armas menos letales se utilizan sin protocolos, sin capacitaciones y sin controles, las consecuencias pueden ser letales. Si a ello se le suman la falta de registro sobre su uso y daños, y la escasez de investigaciones judiciales, se completa un cuadro de impunidad sobre sus usos abusivos.
El diseño de mecanismos de registro, de supervisión independiente y de rendición de cuentas resultan imprescindibles para garantizar que los incidentes que involucran el uso de estas armas se investiguen de manera adecuada. Sin estos elementos, el caso de Neuquén se sumará a la falta de control y regulación que presenta el resto del país con graves evidencias de violencia policial.
- Victoria Darraidou – Coordinadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
