Trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad se encuentran en estado de alerta ante la intención del Gobierno nacional de llevar adelante un plan de ajuste que contempla la fusión de la dependencia con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la reducción de un 30 por ciento de la planta de trabajadores.
“Estamos preocupados por nuestra fuente laboral y preocupados por la repartición”, dijo a Intempestiva Luis Cuevas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales (STV) en Neuquén, y aclaró que esa preocupación viene desde el inicio de la gestión de Javier Milei porque “es de público conocimiento que hay organismos nacionales que han sido vaciados o directamente cerrados”.
El 14 de febrero pasado, autoridades de la Dirección informaron a los representantes gremiales de los trabajadores de la intención de fusionar ambos organismos. Fue el mismo día en que el Gobierno dictó el decreto 97/25 que autoriza el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A bajo la modalidad de obra pública por peaje.
La Dirección Nacional de Vialidad es un organismo descentralizado que actualmente depende del Ministerio de Economía. El Administrador General que nombró la gestión libertaria es Marcelo Jorge Campoy, el mismo que estuvo en el cargo durante el gobierno de Carlos Menem y que en 2001 intentó hacer desaparecer al organismo. “Vino a terminar el trabajo”, consideró Cuevas.
La Dirección cuenta con 24 reparticiones distribuidas en todo el país. En Neuquén se encuentra el Distrito 12 –con sede central en la esquina de Tucumán y Alderete, en la capital provincial- donde trabajan 145 personas distribuidas en toda la provincia. Cuando comenzó la gestión libertaria, ocho trabajadores de ese distrito fueron despedidos, de un total de 154 que echaron en todo el país. Uno solo fue reincorporado en Neuquén.
Desde hace más de un año el organismo se encuentra prácticamente paralizado y desfinanciado por la decisión del Gobierno de frenar la obra pública, como parte de su política de déficit cero a como dé lugar. La única obra en la provincia que se continúa por un compromiso entre el gobierno provincial y el nacional es el puente de La Rinconada, en Junín de los Andes, que tenía un 78% de avance. Las pocas tareas de mantenimiento que se sostienen las realizan los trabajadores con el magro fondo que se recauda del impuesto a los combustibles y sin cobrar los adicionales que los trabajadores perciben cuando salen a trabajar al interior.
“El último mes en que les han liquidado adicionales fue en noviembre. Así que hasta nuestros propios compañeros están financiando la repartición”, informó el representante gremial neuquino. Por otra parte, desde octubre no tienen aumento salarial por la negativa a firmar un aumento del 3 por ciento que el gremio consideró insuficiente.
La Dirección de Vialidad Nacional se encarga del estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias. Se necesitan 10 operarios para mantener 100 kilómetros de ruta, además del personal administrativo que se encarga de la logística para que se pueda llevar adelante la obra. Con la planta que cuenta actualmente el Distrito 12, la cuenta da menos de cuatro trabajadores cada 100 kilómetros. “No solamente que es insuficiente el personal en este momento sino que nos quieren achicar más todavía”, remarcó Cuevas.
Por otra parte, nada tiene que ver el trabajo de Vialidad con el de la Agencia de Seguridad Vial, cuya función es ser un ente de contralor que busca reducir la siniestralidad vial. “Si se fusionan los organismos perderíamos una identidad que lleva 93 años siendo Vialidad Nacional, que durante todos esos años fue la que proyectó, concesionó, licitó, hizo mantenimiento, hizo reparación, operativo invernal, emergencias por derrumbe, por tormentas”, expresó Cuevas que lleva décadas en el organismo, para concluir que “hoy perder nuestra identidad sería lamentable”.
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) a nivel nacional, Graciela Aleña, expresó que el Gobierno nacional “nos empuja a una Argentina medieval de señores feudales y vasallos”. Agregó que “toda esta política deja al país indefenso y en una situación de incomunicación parecida a la del siglo XVIII”.
La semana pasada, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) rechazó en un comunicado “cualquier política” del Gobierno libertario tendiente a desregular Vialidad Nacional y exigió la continuidad de todos los puestos de trabajo. Los gremios que conduce Juan Carlos Schmid rechazaron “enérgicamente” la posible desregulación del organismo mediante la posible derogación de la Ley N° 505, de 1958, por un nuevo decreto que tendría en carpeta el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En tanto, un grupo de diputados nacionales de UxP presentaron un proyecto de resolución impulsado por la diputada de La Pampa Varinia Lis Marín, que lleva también la firma del neuquino Pablo Todero, entre otros. Señalan que “se habla de una reducción del 30% de la plantilla lo cual implica que más de 1.500 personas queden sin trabajo”, y plantean preguntas acerca del criterio con el que se pretende llevar adelante el ajuste.
