En plena feria judicial, la justicia revocó la decisión en primera instancia del juez Santiago Montórfano, que ordenaba la reincorporación a su trabajo en el Estado provincial de Silvana Cabezas, la mujer que en 2022 denunció a su jefe, el ex subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel, por acoso y abuso sexual.
Cabezas fue despedida en diciembre pasado, luego que la actual gestión no le renovara su contrato en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, donde se desempeñó durante nueve años.
Cuando la denuncia contra Seguel tomó estado público, el funcionario renunció a su cargo. En su lugar, asumió Nelson Alegría, de larga trayectoria dentro del ministerio, quien siguió ejerciendo violencia contra la trabajadora. En octubre de 2023, Cabezas lo denunció, en el marco de la ley 2786, por violencia laboral por razones de género, y pidió ser reubicada en su lugar de trabajo.
En mayo de este año, el juez Montórfano dictó una medida cautelar que consistió en ordenar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que “otorgue funciones efectivas conforme conocimientos técnicos y saberes” de Cabezas, que es técnica superior en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial.
Sin embargo, el ministro a cargo de la cartera de Trabajo, Lucas Castelli, no cumplió con la medida cautelar. El fiscal de Estado, Raúl Giatán, apeló la decisión y, ahora, la Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, a cargo de Juan Menestrina y Pablo Furlotti, revocó la decisión.
En los fundamentos del fallo emitido el 17 de julio, Menestrina sostuvo que “el magistrado de grado se extralimitó en su competencia” al ordenar la cautelar. Cabezas, que trabajó durante nueve años como empleada de planta política en la provincia, no le renovaron su contrato en diciembre de 2023, a su entender, en represalia a la denuncia realizada contra Seguel. Pero Menestrina consideró que la cautelar resulta “extemporánea”, dado que la orden de reincorporarla a su trabajo es de mayo de 2024 mientras que ella había cesado en su cargo el 10 de diciembre anterior, al igual que “todas las plantas políticas” nombradas en la gestión anterior.
Furlotti se limitó a adherir a lo expresado por el juez anterior.
Además de la denuncia judicial, Cabezas también había hecho una presentación ante la Oficina de Intervención en Violencia Laboral, un organismo creado a partir del Protocolo que diseñó la Provincia ante el escándalo político que generó la denuncia contra Seguel y otra que se difundió casi en simultáneo contra el ex subsecretario de Diversidad, Adrián Urrutia.
Esa oficina, en su informe, recomendó “a fin de no revictimizar a la trabajadora y con el fin de no incurrir en una nueva situación de violencia laboral y de género focalizando en sus recursos saludables de afrontamiento requeridos al deseo de volver a trabajar y una vez emitida el alta médica de su licencia médica psicológica, se arbitren los medios administrativos para su reincorporación laboral en la Delegación Regional centro de la localidad de Zapala, lugar de residencia de ella y su familia”.
La abogada de Cabezas, Angélica Acosta Meza, explicó que a la trabajadora nunca le notificaron la baja en su lugar de trabajo, y resaltó que “jamás se podría haber dado esa baja porque había una recomendación de una oficina del Estado que decía que había que darle continuidad laboral a Silvana”.
