Los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo establecieron penas de prisión efectiva para cuatro de las cinco personas que fueron halladas responsables de la explosión en la escuela albergue Nº 144 de Aguada San Roque, ocurrida el 29 de junio del 2021, que causó la muerte a la docente Mónica Jara, al gasista Nicolás Francés y a su sobrino, Mariano Spinedi.
El tribunal condenó a cuatro de los cinco condenados a penas de prisión efectiva. El inspector de obras, Sergio Percat, recibió 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer como ingeniero. El director de Obras Públicas, Carlos Córdoba, 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para ejercer como maestro mayor de obras. El otro Director de Obras, Raúl Capdevilla, fue condenado a 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para ejercer como maestro mayor de obras. Todos ellos, además, recibieron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por tratarse de funcionarios públicos.
En la sentencia, el juez Bagnat cuestionó que el gobierno de Neuquén no tomó ninguna medida con los funcionarios luego de la explosión. No les inició sumarios administrativos ni los separó del cargo de manera preventiva. “Pareciera que no terminaron de entender, de internalizar la magnitud de todo lo ocurrido o quizás también se puede pensar que nada de esto les importó”, leyó en la audiencia realizada de manera virtual.
Además, el arquitecto de la empresa que llevaba adelante la obra, Diego Bulgheroni, recibió 4 años y medio de prisión efectiva, y 9 años de inhabilitación para ejercer la profesión. Por último, Héctor Villanueva, socio gerente de la empresa Arte Construcciones, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional.
El abogado querellante en representación de la familia de Francés, Federico Egea, tras finalizar la audiencia, dijo estar “satisfecho” con la sentencia porque “recogió bien nuestra línea argumental en relación al hecho, la naturaleza y la extensión del daño, además del marco de cobertura con el que gozaba esta gente y la necesidad de romper esas estructuras de cobertura a través de la intervención penal”.
Egea remarcó que el objetivo de este proceso judicial es dotar a las escuelas neuquinas de mayor seguridad y reconocer a las víctimas, “pero también poner en tela de juicio la existencia de la corrupción y decir por una vez quedó impune, hay que cuidarse un poco más. Tiene que servir como advertencia”, indicó.
Por su parte, Darío Kosovsky, abogado de Aten, destacó que “el tribunal tuvo las agallas de descubrir el enquiste de corrupción que existe en el estado de la provincia de Neuquén, en particular en el área de Obras Públicas”.
El 3 de septiembre de 2024, el tribunal había encontrado culpables de los delitos de estrago culposo seguido de muerte y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a los cinco condenados. En esa audiencia, el exsubsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, resultó absuelto.
