En un país desbordado por los conflictos sociales, con salarios detenidos en el tiempo, con índices escalofriantes de pobreza y con un Gobierno nacional que embiste con furia contra los derechos de trabajadores, la cultura, las diversidades, los jubilados, la Salud, la Educación y contra toda cosa que pudiera significar algo beneficioso para la sociedad, la condena de los responsables de la explosión que causó la muerte de Mónica Jara, Mariano Spinedi y Nicolás Francés, en la Escuela 144 de Aguada San Roque, es un pequeño destello en la oscuridad.
Tres de los cuatro funcionarios de Obras Públicas de Neuquén que estaban imputados (Carlos Córdoba, Raúl Capdevilla y Sergio Percat), fueron condenados por administración fraudulenta y estrago culposo seguido de muerte, mientras que resultó absuelto el exsubsecretario de la cartera, Roberto Deza. También fueron hallados responsables Héctor Villanueva, socio gerente de la empresa Arte Construcciones, y Diego Bulgheroni, arquitecto responsable de la obra.
A lo largo de todo el debate, que se extendió durante diez jornadas repletas de testimonios, relatos técnicos y peritajes, más otras dos destinadas a los alegatos, la Fiscalía y los abogados querellantes se esforzaron por demostrar cada uno de los incumplimientos e irregularidades que se sucedieron desde antes del inicio de la obra hasta el 29 de junio de 2021, cuando ocurrió la explosión. Pero lo distintivo fue que, de manera sostenida, intentaron exponer un modo crónico de operar desde el Estado y no un episodio aislado.
“Hay una cartelización de la obra pública”, afirmó durante su alegato Federico Egea (abogado de Marcela Altube, compañera de Francés), luego de develar la batería de acciones y omisiones destinadas a abaratar costos y, en consecuencia, multiplicar ganancias. Los recursos desplegados incluyeron una subcontratación no declarada, seguros contra incendios vencidos, trabajadores no registrados, pruebas de hermeticidad no realizadas, mediciones hechas a distancia, ausencia de libros, incongruencias con los planos, etc, etc, etc.
Los cinco abogados defensores, cada uno con su estrategia y con mayor o menor descaro, intentaron inculpar al gasista Francés y a la directora de la escuela, Marta Báez. El más enjundioso fue Gonzalo Rodríguez, abogado de Percat -también será condenado por falsedad ideológica-, quien se animó a tejer una serie de datos e indicios para luego concluir en que Francés “estaba ebrio” cuando ocurrió la explosión.
El Tribunal entendió, sin embargo, que ninguna deficiencia en el trabajo realizado por Francés exime a los imputados de sus responsabilidades de control. También afirmó que la directora actuó de manera correcta y acorde a sus responsabilidades.
Luego de conocido el veredicto, Darío Kosovsky, junto a Emanuel Roa Moreno patrocinante de Aten y de las familias de Mónica Jara y de Mariano Spinedi, se mostró muy conforme con lo dispuesto por el Tribunal, integrado por Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo e Ignacio Pombo.
“El mensaje de fondo no sólo era que declaren culpables a los imputados. Acá hay maestras, maestros, estudiantes, no docentes y una sociedad que estaba mirando este juicio y que necesitaba un mensaje contundente de parte del sistema judicial en relación a que esto no puede suceder nunca más”, afirmó Kosovky.
Y remarcó el carácter histórico de este fallo: “Parece naif decirlo, pero en algún punto es esperanzador. Estas son decisiones que son desagradables para el poder de turno y para los poderes fácticos históricos”.
Lo cierto, más allá de las lecturas posibles del fallo y hasta de la absolución de Roberto Deza, el imputado con mayor rango, es que la condena de funcionarios con altas responsabilidades sienta un precedente en la provincia de Neuquén y, tal vez, propicie un cambio en algunas de las prácticas de quienes se creen omnipotentes e intocables por ocupar un cargo público o una posición de privilegio dentro de la sociedad.
Resulta que no vale todo. Al menos por una vez.
