En un contexto que mira de cerca el abismo por el brutal ajuste que lleva adelante el Gobierno de Milei, Neuquén se vuelve una rareza. Mientras a nivel nacional anuncian que empieza la etapa de la “motosierra profunda”, el gobernador Rolando Figueroa anticipó la paritaria 2025 y convocó a los gremios de trabajadores estatales. Lo hizo cuando falta un mes para que el Poder Ejecutivo envíe a la Legislatura el proyecto de Presupuesto para el año que viene. Busca así arrancar un año electoral sin conflicto. Si bien destacan el timing del Gobierno y los puntos positivos de la propuesta, algunos sindicatos buscan incluir deudas pendientes para firmar.
Tras un primer encuentro con los delegados de ATE, UPCN, ATEN y UNAVP realizado la semana pasada, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, mejoró la oferta inicial y propuso, en reuniones individuales, una serie de puntos que dejaron conformes a algunos.
Los ítems contienen la continuidad de las actualizaciones salariales trimestrales conforme el IPC (Índice de Precios al Consumidor), al igual que la ropa de trabajo y las asignaciones familiares, que seguirán estando atadas a la inflación; además, se ofreció un bono de 520.000 pesos en dos cuotas que se pagarán entre diciembre de 2024 y febrero de 2025; y se estableció un piso salarial para que ningún trabajador público de la provincia que esté bajo convenio colectivo de trabajo cobre menos de 800.000 mil pesos.
Tras la última reunión, algunos sindicatos, como ATE, realizaron asambleas en las que, por mayoría, decidieron aceptar la propuesta. El secretario general, Carlos Quintriqueo, dijo a Intempestiva que le pareció “atinado” haber abierto la discusión con tiempo y contó que el lunes se realizaron asambleas en todo el interior donde la propuesta fue aprobada, con mayor o menor apoyo, y ayer se hizo lo mismo en Neuquén capital donde “una amplísima mayoría” votó a favor. Evitó mencionar el conflicto con trabajadores de la salud que rechazan el acuerdo, denuncian no haber sido escuchados en la asamblea y harán una marcha este viernes.
“Ante la situación del país, donde no hay ningún tipo de previsión, para nosotros (el ofrecimiento) es ventajoso en el sentido de que si se incluye en el presupuesto general de gastos y se tiene computado con el IPC, si esto explota un día nosotros tenemos un reaseguro de poder seguir”, expresó. Para Quintriqueo, “la situación de hambre y miseria que se está generando en el pueblo, yo no sé si se va a poder contener” porque “la baja de inflación es a costa del no consumo y eso va a tener un límite social”.
El secretario general de ATE agregó que por el acuerdo por IPC, en Neuquén este mes percibieron un aumento del 13,4 por ciento, mientras que los trabajadores del Estado nacional sólo el uno por ciento. También resaltó que desde 2017 los acuerdos se vienen haciendo por IPC: “Eso nos hace que hoy estemos discutiendo salarios y no despidos”. Señaló que esto es posible porque “la Provincia tiene holgura en la cuestión financiera” producto de las regalías, no de la transferencia de recursos coparticipables que fue suspendida por la gestión de Milei, “pero en una situación de hiperinflación, eso se empieza a desdibujar”, advirtió.
El secretario gremial de UPCN, Edgardo Oñate, coincidió en que “es bueno comenzar a hablar con tiempo del tema salarial, sobre todo para que sea incluido dentro del presupuesto” porque eso es una “garantía” de que lo van a poder pagar. En diálogo con Intempestiva, recordó que normalmente en el presupuesto se incluye un aumento salarial vegetativo que surge de actualizar los montos correspondientes a antigüedad, ascensos, etc., “pero nunca la pauta salarial está metida dentro del presupuesto para el año que viene, y es importante”.
Valoró también que el Gobierno tomó varias de las propuestas que le llevaron en la primera reunión, como establecer un piso salarial para los de menores ingresos o elevar el monto del bono -que inicialmente era de 180 mil pesos-, que además “es remunerativo no bonificable, lo que quiere decir que genera aguinaldo”.
Oñate hizo un listado de ítems que se suman al sueldo de los trabajadores en los próximos meses: en diciembre, cobran una parte del bono; en enero de 2025 el aumento por IPC del último trimestre del año; en febrero, la suba de las asignaciones familiares por IPC de los últimos seis meses y la segunda parte del bono; en abril, la ropa de trabajo. “Hay una seguidilla de cosas importantes para los compañeros”, detalló.
Si bien destacó los aspectos positivos, aclaró que el acuerdo aún no está cerrado. “Esto es una propuesta, nosotros estamos ahora hablando con los compañeros de la comisión directiva para que se baje a las bases” y arrojó un dato insólito: “Hay algunos lugares donde no quieren el bono, sobre todo donde hay profesionales a los que no les influye, pero aquellos compañeros que cobran 500 o 600 mil pesos, 230.000 pesos en la mano es mucha plata”. Naturalmente, no es una opinión mayoritaria.
El referente de UPCN en Neuquén, que mostró una postura cercana a un acuerdo, sostuvo que la situación de la provincia de Neuquén es excepcional, ya que “nosotros tenemos contacto a nivel nacional con UPCN y otras delegaciones de provincias y nos dicen que algunos todavía no han cerrado el primer semestre de este año”.
Hay otros sindicatos que no están tan cerca de ponerle la firma a la propuesta del Gobierno. El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, expresó en medios de la región que saludan que la convocatoria se haya hecho ahora y no en febrero, como suele suceder, pero no se mostró efusivo con la propuesta. “No diría que la hemos rechazado, sino que tiene que ser mejorada en varios aspectos”, indicó. Recordó que desde el sindicato docente tienen una agenda de reclamos relacionada al piso salarial (sobre el cual se van a hacer los aumentos por IPC), al presupuesto educativo en general, a partidas para crear los cargos que hacen falta para implementar las duplas educativas o para infraestructura.
Además, mencionó la Ley 3.447, conocida como del presentismo docente, sancionada este año, que abrió un conflicto entre el sindicato y el Gobierno. Si bien iniciaron acciones judiciales, volvieron a plantear una salida política que esté incluida en el acuerdo.
Todos esos puntos fueron planteados por el sindicato en la segunda reunión con el Gobierno que pasó a un cuarto intermedio hasta hoy.
Desde la Unión Neuquina De Agentes Viales Provinciales (UNAVP), su secretario general, Carlos Roselli, también dejó entrever una negociación más demorada y bajó la espuma del entusiasmo por la convocatoria anticipada al afirmar que “cuando tenés previsibilidad, está bárbaro” pero “a mí lo que me preocupa, en este contexto, es saber si la inflación va a seguir en estos índices o no se va a disparar, como ya nos pasó”.
En diálogo con Intempestiva, aclaró que atar salarios al IPC “no es lo ideal” pero señaló que, por el momento, es lo que genera “mayor representatividad” y sostuvo que “tenemos que reconocer que tenemos el mejor arreglo en el país”.
Roselli también fue crítico de la propuesta salarial concreta: “Creo que ningún gremio puede estar conforme con esa propuesta porque también estamos pidiendo que se reconozca el 24 por ciento de enero, más el 6 que nos sacaron por decreto cuando nos subieron los aportes jubilatorios y la obra social” explicó y agregó que “sobre eso no tenemos ninguna respuesta y yo creo que no va a variar mucho de lo que ya se está aceptando”, en referencia a los otros gremios.
Por otra parte, indicó que pretenden incluir en el acuerdo los artículos del convenio colectivo que están sin cumplir y que se regularice la situación de algunos trabajadores. “Tenemos compañeros que ya tendrían que haber ingresado a planta y tenemos un expediente que está abierto y que, como va tan lento, a ellos se les termina otra vez el contrato a fin de diciembre entonces quedan afuera y vamos a volver a tener lo que tuvimos a principio de año”, anticipó. Agregó que “tenemos una vacante de 83 compañeros que tampoco se autorizan” para concluir que “tenemos varias cosas que pusimos sobre la mesa y estamos esperando que nos den el ok o no, y eso se someterá a votación”.
Para concluir, el dirigente sostuvo que “en una provincia donde todos sabemos perfectamente que hay recaudaciones extraordinarias, también tenemos que tener una clase obrera cobrando sueldos dignos, que la gente pueda llevar adelante un proyecto de vida” porque “de nada sirve una provincia rica con empleados pobres”.
El temor a “la nave espacial”
El secretario general de UNAVP, Carlos Roselli, fue el que se mostró más cauto con la propuesta del Gobierno. Tal vez, porque tiene fresco en su memoria el recuerdo de lo que ocurrió cuando comenzó la pandemia de Covid y el Gobierno provincial llamó a diluir el acuerdo que habían firmado apenas un mes atrás aludiendo a un párrafo que siempre se incluye en las actas, que indica que “si las variables macroeconómicas del país y la coyuntura fiscal de la provincia producen cambios significativos que dificulten el cumplimiento del acuerdo”, las partes pueden revisar la viabilidad del mismo y la factibilidad de su aplicación.
En 2020 “teníamos un acuerdo y el 18 de marzo, cuando empezó la pandemia, nos convocaron a todos los sindicatos y nos anularon el acuerdo. De hecho, todos los empleados de esta provincia perdimos el 36 por ciento, que fue la inflación de ese año. Cuando nos sentamos en el 2021, todo lo que había pasado en el 2020 como que pasó por una nave espacial: nadie quería hablar. Y todos los sindicatos empezamos a trabajar para ver por dónde recuperábamos esos puntos. Eso ya nos pasó. Esto siempre es así. Va todo bien hasta que deja de estar bien”.
