La muerte de dos internos que estaban alojados en la unidad de detención más grande de la provincia vuelve a poner en agenda un tema que, pese a las denuncias formuladas por el Comité provincial Contra la Tortura y hasta por los Defensores oficiales en sucesivos informes, parece agravarse cada vez más en la provincia de Neuquén.
El 10 de marzo pasado, Emanuel Figueroa, de 29 años, prendió fuego el colchón y prendas de su celda del pabellón 6 para reclamar su traslado a otro pabellón. Diez días después, murió en el Hospital Castro Rendón donde permanecía internado con el 40 por ciento del cuerpo quemado.
El caso recuerda, por sus similitudes, al incendio que terminó con la vida de Maximiliano Mérgola, de 22 años, y Víctor Herrera, de 30, ocurrido en esa misma Unidad en septiembre de 2022. Ambos jóvenes se encontraban detenidos en un “buzón” y reclamaban ser trasladados a otra unidad de detención. El caso tuvo mucha repercusión porque, una vez más, evidenció las inhumanas condiciones de detención de las personas privadas de su libertad en Neuquén. Y motivó una medida cautelar de la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, que ordenó que cese del ingreso de nuevos detenidos.
A menos de un mes de la muerte de Figueroa, Michael Aguilar, un joven de 28 años, murió a causa de una puñalada recibida en el contexto de una pelea entre internos desatada en el Pabellón 8 de la misma institución.
Desde el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y/o Penas Degradantes de la Provincia del Neuquén manifestaron su “profunda preocupación y dolor” ante las dos muertes recientes.
En un comunicado, resaltaron que “estos hechos, lejos de ser aislados o fortuitos, deben entenderse en el contexto de las graves condiciones de inhumanidad que persisten en los lugares de encierro de la provincia” y reiteraron especialmente la advertencia realizada oportunamente “sobre el crítico estado de hacinamiento que afecta a las personas privadas de libertad en esta unidad”.
Recordaron que en el Informe Anual 2024, “se remarcó, especialmente, el impacto que tiene sobre la salud física y mental de los detenidos el incumplimiento de los estándares mínimos de espacio vital que deben garantizarse para una persona privada de su libertad, que en la Unidad 11 están muy por debajo de lo que indican las normativas nacionales e internacionales”.
Detallaron que pese a esas advertencias, “en el Pabellón 8A —donde estaba alojado Michael Aguilar— había cuatro personas en celdas de apenas 3 por 2,5 metros, es decir, 7,5 metros cuadrados en total, cuando deberían ser al menos 16. Situación que se replica en toda la unidad”.
Los comisionados consideraron que “Las muertes de Franco Figueroa y Michael Aguilar se podrían haber evitado” y denunciaron que “No se trata de episodios aislados, sino de una situación estructural, sostenida en el tiempo y expresamente denunciada por este Comité, que requiere una intervención de políticas públicas urgentes”.
