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OPINIÓN

Golpe y Justicia en Bolivia

“Crisis política en Bolivia”, “Renuncia de Evo Morales”, titulaban algunos diarios a la noticia del golpe sangriento en Bolivia, entre el 10 y el 20 de noviembre del 2019. Había una necesidad de hacerle creer al mundo que Morales era un fraude y que merecía ser echado, pero por vía institucional y democrática, ocultando el Golpe de Estado. Un golpe con olor a OEA (Organización de Estado Americanos).  Evo Morales revalidó su cargo de Presidente mediante el voto popular y fue acusado de haber cometido fraude electoral por la OEA. Esta posición provocó un aluvión de hechos como el motín policial, la amenaza de las Fuerzas Armadas, la renuncia forzada y el exilio de Morales. La llegada de Luis Camacho (líder de extrema derecha) a La Paz con la Biblia en la mano, promoviendo a Jeanine Áñez, como presidenta interina en condición de segunda vicepresidenta del Senado, fue el símbolo de la acción reaccionaria y conservadora, y la resignificación de la “conquista civilizadora”.

El empresario Luis Camacho, quien fuera electo gobernador del departamento de Santa Cruz en el 2021 es uno de los principales artífices de la crisis política en Bolivia de 2019. Se encuentra detenido desde diciembre de 2022, acusado de varios delitos por parte de la fiscalía boliviana, entre ellos: “financiamiento del terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa”. Por su parte, Jeanine Áñez es acusada de terrorismo, sedición, conspiración.  Se le suma a la condena ya recibida a 10 años de prisión en junio de 2022. En aquel juicio, la Justicia boliviana encontró a Añez culpable de “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución” por su participación en la crisis política de 2019.

El pasado 17 de octubre, se inició el juicio oral contra Áñez, Camacho, contra los que actuaron como Ministros en ese gobierno de facto, y contra los militares declarados rebeldes. Todos implicados en el golpe de Estado del 2019.

Las primeras semanas después del golpe estuvieron marcadas por el odio, el racismo y la persecución política, instrumentada mediante una represión militar, que rememoraba imágenes de la historia boliviana y de varios países vecinos. A Evo Morales, a Álvaro García Linera, su Vicepresidente, y a otros dirigentes políticos y sindicales se les acusó durante el golpe, de sedición y terrorismo. El gobierno de facto instaló la criminalización.  La nueva narrativa política estuvo plagada de falsedades y nuevas formas de negacionismo de la represión. Humillaciones públicas a mujeres que eran políticamente representativas, fue el altar de la ignominia anti-pueblo. La pandemia sumó a la ya angustiante situación, más inseguridad frente a la muerte y la violencia política. Treinta y dos vidas se llevó el golpe de Estado y más de 700 heridos. Una de las personas asesinadas fue el periodista argentino Sebastián Moro, periodista de Página 12.

Respecto de las elecciones que tuvieron como ganador a Evo Morales, la falsa denuncia de fraude del uruguayo Luis Almagro -presidente de la OEA- fue desnudada por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) cuando dio a conocer su trabajo. (El CEPR, vale aclarar, es un prestigioso centro de investigación con base en Washington, compuesta su Junta Consultiva por dos premios Nobel de Economía como Robert Solow y Joseph Stiglitz). El relato de fraude de la OEA se basó en la interrupción por casi 24 horas del escrutinio provisorio cuando ya estaban cargadas el 83,85% de las actas. El sistema electoral boliviano prevé declarar ganador al candidato que supere el 50% de los votos o el que, con más del 40%, aventaje por 10 puntos a su inmediato competidor.

Cuando el conteo rápido fue interrumpido, Evo había superado el 45,7% del total y le llevaba 7,87% a Carlos Mesa, el candidato en segundo lugar. Cuando se retomó el conteo rápido y se llegó al 95,63% de las actas, el resultado fue de 46,86% para el presidente y 36,32 para el opositor, con más de 10 puntos de diferencia. Finalmente, en el escrutinio oficial, Morales llegó al 47,08%, un 10,5% por encima de Mesa. En otras palabras, Evo había sido reelecto sin necesidad de segunda vuelta.

Lo que explica el “cambio de tendencia”, que tanto preocupó a la OEA y que le sirvió para generar sospechas y denunciar “fraude” a Almagro, es que los votos provenientes de zonas rurales, donde Evo Morales tenía mucho más peso político y electoral, por una cuestión de distancias y tecnológica, se contabilizaron en la última etapa del acto electoral.

El Plan de desestabilización ya estaba escrito por parte de los sectores económicamente poderosos, tanto internos como externos. La OEA construyó el camino al Golpe de Estado, y las y los reaccionarios de ultraderecha, lo transitaron.

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