El actual Gobierno nacional ha logrado la minoría necesaria en el Congreso Nacional para dejar firme el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Una ley que sólo reparaba el atraso de financiamiento y salarios del año en curso, restaurando un poco de justicia respecto a los y las trabajadores y trabajadoras universitarias, a les estudiantes y a los graduados y las graduadas del sistema público universitario nacional. El gobierno libertario, incluido el Pro de Mauricio Macri, y algunos diputados que han desconocido sus pertenencias y tradiciones partidarias, han logrado este “triunfo” político para la actual administración nacional, el segundo consecutivo, tras el veto a los jubilados.
Como primera reflexión decir que en pocas semanas pretenden configurar una forma diferente de entender la soberanía y el ejercicio del gobierno democrático. El uso del instrumento del veto para no implementar lo que nuestros representantes legislaron es una potestad presidencial, pero su abuso marca una forma de hacer política desde la arbitrariedad de la figura exclusiva del presidente con el concurso de una minoría parlamentaria. Si bien lo celebran como un triunfo, es una forma de gobernar que tiene corto alcance y menos legitimidad, en particular cuando los vetos se aplican insensiblemente a leyes que pretenden atender las necesidades emergentes de vastos grupos sociales desfavorecidos, caso de los jubilados, o a dañar instituciones centrales del desarrollo y la esencia de nuestro país, como las universidades.
Frente a un Congreso diverso que muestra sensibilidad hacia las víctimas elegidas para el brutal ajuste que se está llevando a cabo, el presidente y su minoría consolidada en diputados celebran sin ambages el falso descenso del déficit fiscal a costa de nuestros mayores y de la educación de nuestros jóvenes.
En el caso de las universidades públicas nacionales escuchamos a legisladores pro veto que fundaron su voto en la atenta mirada del mercado y sus reacciones. El mercado, esa ontología moderna, vacía de real sentido, en la que sostienen sus decisiones. Unas décimas de ascenso en los bonos, o de descenso del riesgo país parecen merecen la condena a la falta de educación y futuro que ejecutan desde el Gobierno nacional. No es que no entendamos de economía, es que ésta no solo es mercado financiero como nos quieren hacer creer los actores del viejo liberalismo ortodoxo, o del ya también viejo neoliberalismo revestido del discurso del cambio y el progreso.
Para sostener este apoyo parlamentario de bloqueo y justificar el ataque indiscriminado que venimos padeciendo los y las trabajadoras universitarias, construyen diariamente un conjunto de datos falsos, de información incorrecta o tergiversada, que emiten desde sus múltiples bocas de confusión mediática y desde el atril de Casa Rosada
Para sostener este apoyo parlamentario de bloqueo y justificar el ataque indiscriminado que venimos padeciendo los y las trabajadoras universitarias, construyen diariamente un conjunto de datos falsos, de información incorrecta o tergiversada, que emiten desde sus múltiples bocas de confusión mediática y desde el atril de Casa Rosada. Nuestro presidente realiza afirmaciones sobre períodos históricos y sobre el presente que no son verdaderas, y lidera la ofensiva más grande en democracia que hemos sufrido como sistema universitario, no solo en términos materiales desde el ahogo presupuestario, sino socio culturales con la emisión permanente y consciente de desinformación.
La Universidad no es el lugar natural de “kioscos” o negocios turbios, es donde se produce el trabajo de formación y de generación de conocimiento, de avances en ciencia y técnica que nos hace reconocidos en el mundo.
Los sectores más pobres de la sociedad, que han tocado su techo histórico en este gobierno, cifra que parece no importarles, no financian la universidad en la que se reciben los ricos. Es ésta cuando menos una falacia, sino el objetivo oculto del Presidente Milei. De hecho, a nivel nacional el 48,5% de los estudiantes inscriptos en materias de 2024 están por debajo de la línea de pobreza. Casi 7 de cada 10 estudiantes de los cerca de 2 millones que componen el sistema universitario público argentino, tienen madres y padres que no fueron a la universidad, es decir, son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior. La Universidad forma y equipara, contribuye a la movilidad social ascendente como ninguna otra institución.
Además, tenemos una gran cantidad de controles y revisiones de gastos y no tenemos problemas en que nos auditen las veces que quieran, pero que nos auditen los organismos constitucionales que deben hacerlo. Desde los voceros oficialista se jactan de enunciar nuestra falta de transparencia cuando en realidad las universidades las gobiernan representantes electos de los cuatro claustros que la integran en un conjunto de cuerpos que emiten decisiones que cualquiera puede revisar. Precisamente somos la antítesis de la práctica del gobierno nacional que pretendía ejecutar partidas multimillonarias inescrutables públicamente por su carácter de fondos reservados, destinados además a tareas de inteligencia sin el control de la ciudadanía.
Nuestros docentes y no docentes ganan salarios sensiblemente inferiores a nuestro contexto regional y los aumentos otorgados unilateralmente no sólo no equipan la pérdida sufrida por la inflación generada por este gobierno, sino que dejan a una buena parte bajo la línea de la pobreza e instituyen una práctica de subas salariales insuficientes y no negociadas con las propias instituciones y sus gremios. Además, hay que resaltar que dentro del arco de la administración pública somos el sector sobre el que ha caído más ajuste y menos aumentos.
Tampoco somos un gasto, sino una inversión pública productora de movilidad social que nos ha hecho distintos en Latinoamérica y que tiene un reconocimiento social único. De hecho y pese a intensa la campaña en contra, las universidades públicas de nuestro país gozan de una confianza entre el 65 y el 80% de la población total, según encuestas recientes. En el caso de la Patagonia el 71,5% de la sociedad confía en las universidades públicas. Más del 80% de la población cree que la Universidad pública ayuda a la movilidad social.
Pese a estos datos y el respaldo social de las marchas federales de abril y octubre, seguimos bajo la presión ajustadora de un Gobierno nacional que prefiere el dogma a la razón y el sentido común frente a la capacidad crítica.
Evidentemente, la Universidad pública no calza en el proyecto de país de Javier Milei, una Argentina extranjerizada en sus recursos y decisiones, con población poco educada y el dominio elitista de un pequeño sector social. La Argentina de inicios del siglo XX que idealiza falsamente en todos sus discursos es realmente un país para pocos, un país previo a la apertura de los derechos sociales y a la gratuidad de la educación pública.
Quiere a la Universidad pública sometida, desangrada, degradada y cuando menos arancelada, a eso nos exponemos en el futuro cercano, como bien lo refleja el presupuesto 2025 que han presentado y en el que siguen recortando nuestra financiación y por tanto nuestra existencia. Los fondos previstos para la Universidad Nacional del Comahue sólo alcanzarían para el pago de salarios en el próximo año.
Vivir en sociedad no es olvidarse de nuestros jubilados, ignorar a nuestros pobres, o estar impávidos ante el avasallamiento de los derechos de nuestras minorías, sino todo lo contrario rescatando derechos sociales y todo aquello que nos hace diverso y diferente. Este es el mensaje que deberemos debatir colectivamente, así como lo datos reales de nuestras universidades para concitar el último salva vida que nos queda, el apoyo de nuestra sociedad.
Francisco Camino Vela- Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.
