El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Penas Crueles y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CPPT) de Neuquén advirtió sobre las pésimas condiciones de detención de personas privadas de su libertad que están alojadas en comisarías de la provincia. Se trata de lugares que no están preparados para que las personas permanezcan más de 72 horas pero que, por el colapso del sistema carcelario, funcionan como unidades de detención de personas procesadas y hasta condenadas.
Tal como hicieron entre febrero y abril pasado en la Unidad de Detención Nº 11 de Neuquén capital, en los meses de julio y agosto, los comisionados realizaron visitas a 13 comisarías de Neuquén, Centenario, Plottier y Senillosa para conocer en qué estado se encuentran las personas alojadas en estos lugares. Las conclusiones son muy similares y definen un universo de inhabitabilidad y de falta de acceso a los derechos humanos básicos que “convierten el encierro en un castigo cruel (y anticipado en los casos de las personas procesadas), lo cual además de ilegal, es absolutamente inhumano y degradante”.
Para realizar este informe, el Comité visitó comisarías que cuentan con un sector específico de alcaidía (3°, 5°, 12°; 18°; 19°; 41°; 44°; y 46°), y también comisarías que, aún sin contar con un sector para alojar personas de manera permanente, mantienen detenidas a personas privadas de su libertad (1°, 2°, 7°, 11°, 17°). “En total se relevaron 13 comisarías, se entrevistó a sus respectivas autoridades, se recorrieron los sectores donde se encuentran alojadas las personas privadas de su libertad y se realizaron entrevistas grupales en pabellones, celdas, comedores o espacios comunes, según el caso y tal cual se precisará a continuación”, se lee en el informe difundido el 30 de septiembre pasado.
Claro que no fue fácil el ingreso. En varias oportunidades, los comisionados se encontraron con que las autoridades de las comisarías no estaban informadas acerca de las atribuciones y facultades del Comité, y les impedían el ingreso o pretendían que ingresaran sin sus pertenencias necesarias para llevar adelante el monitoreo.
Las principales irregularidades halladas hablan de “altos niveles de sobrepoblación” ya que “casi en la totalidad de las dependencias monitoreadas se registraron más personas alojadas que el cupo habilitado, habitando en condiciones inaceptables de hacinamiento”.
Asimismo, advirtieron la “presencia de personas con condena en casi todas las comisarías, lo cual es contrario a lo que dispone el marco legal vigente”. El criterio funcional de alojamiento en las comisarías indica que las personas deben permanecer allí por un tiempo acotado, de pocas horas o días, y no por un período prolongado. Deben hacerlo en el tiempo comprendido entre su arresto y la decisión judicial que indique su situación procesal.
El Comité también detectó condiciones de habitabilidad “degradantes e inhumanas” causadas por problemas de ventilación; problemas de acceso a la luz natural y artificial; elevada presencia de vectores infecciosos como lauchas, cucarachas, etc.; instalaciones sanitarias en muy malas condiciones y/o desbordadas; falta de acceso a baños y sanitarios, que implica la imposibilidad de higiene personal; instalaciones eléctricas precarias que ponen en riesgo a los alojados exponiéndose a accidentes y posibles incendios; sistemas contra incendio inexistentes (o no visibles) al momento del monitoreo, sin plan de evacuación ni salidas de emergencias de las instalaciones.
Al igual que lo denunciado respecto de la unidad de detención más grande de la provincia (la U11 de Neuquén), en las comisarías, el acceso a la comida es deficiente. Se destaca la mala calidad y las condiciones de insalubridad en la que llegan las viandas que preparan empresas contratadas por el Estado y que otorgan dos veces por día, al punto que, en muchas ocasiones, las personas privadas de su libertad las califican de “incomible” o aducen que les provocan malestar estomacal.
Otras de las advertencias del Comité apuntan a las serias dificultades en el acceso general a la salud que tienen las personas privadas de su libertad, así como la falta de acceso a la educación, trabajo, esparcimiento y cualquier otra actividad recreativa, formativa o laboral.
El hacinamiento: un problema que se agrava
El hacinamiento en las comisarías de la provincia es un problema de larga data que se agravó a fines de 2022, cuando las juezas de Ejecución Raquel Gass y la jueza de Ejecución del Interior, Alicia Rodríguez, ordenaron el cierre de las unidades penitenciarias de toda la provincia debido, justamente, al hacinamiento y a sus deficientes condiciones de habitabilidad. Esta decisión, que buscó contener el desborde en las unidades de detención, hizo que el problema se traslade a las comisarías, que son lugares que no están preparados para alojar personas por más de unas horas, contrariando lo que dictan los estándares nacionales e internacionales respecto de la detención de personas.
Las comisarías de la provincia, incluso aquellas que no cuentan con sectores de alcaidías para ese fin, están ahora ocupadas por personas privadas de su libertad, con y sin condena. Esta situación se enmarca en un contexto nacional similar. Según un Informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) publicado en junio de este año, “entre 2016 y 2022 las personas alojadas en establecimientos penitenciarios crecieron en un 37%, y en el caso de las alojadas en destacamentos policiales lo hicieron en un 144%. Es decir, a un ritmo cuatro veces superior”.
El informe subraya que los establecimientos policiales del país estaban ya para ese entonces, colapsados, “registrando a esa fecha un 68,7% de sobrepoblación”, mientras que en la provincia de Neuquén, “según informes de la propia Policía, las comisarías de todo el territorio registraban una tasa de 55,6% de sobrepoblación”. Señalaban que había entonces 168 personas privadas de la libertad en ese tipo de establecimientos, mientras que su cupo era de 108.
Neuquén sí supera a la media nacional en la cantidad de días que las personas permanecen detenidas en comisarías: en 2022 la media de Neuquén era de 205 días de alojamiento, mientras que el promedio a nivel nacional era de 184 días.
Recomendaciones
Una de las funciones del Comité, luego de realizar monitoreos a los lugares de encierro, es dar una serie de recomendaciones al Estado provincial para mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
En este sentido, de los 13 puntos que recomiendan en esta oportunidad, se destacan la sugerencia de cumplir con los lineamientos de habitabilidad dispuestos por el Comité Nacional respecto de las condiciones de detención de personas privadas de su libertad, así como respetar el criterio clasificatorio establecido por la provincia del Neuquén en relación con las personas privadas de libertad y sus correspondientes lugares de detención.
En otro punto, se recomienda “no continuar ingresando personas privadas de su libertad a las comisarías relevadas, hasta tanto no se cumpla en ellas con los estándares mínimos de habitabilidad dispuestos por la normativa vigente”. Como medida complementaria, se sugiere “implementar medidas alternativas al encierro en comisarías, como prisiones domiciliarias, tobilleras electrónicas u otros dispositivos disponibles para estos casos”.
Además, proponen “incorporar al Plan de Obras Públicas previstas en la Ley de Emergencia Carcelaria N° 3426 a las comisarías para su inmediata refacción según el requerimiento de cada dependencia”.
En lo inmediato, proponen garantizar el acceso a la salud, así como proveer de elementos de higiene y comida en condiciones de ser ingerida, de modo de garantizar derechos humanos básicos a personas que sólo deberían haber perdido el derecho a circular con libertad.
