La primera ley que impulsó el Gobierno de Neuquén que asumió el 10 de diciembre y se planteó como una vuelta de página a la provincia gobernada por el MPN, fue la erradicación de las jubilaciones de privilegio para quienes asuman cargos electivos desde el próximo periodo, en 2027. En estos meses de vigencia de la ley, tanto el gobernador Rolando Figueroa (Comunidad) como varios diputados y diputadas de la actual gestión, firmaron escritos con el renunciamiento al régimen especial. Lo cierto es que la renuncia es declarativa, porque, según precisaron desde el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), nadie está obligado a renunciar a sus derechos.
“Con la Ley 1282 había la ficción de que una vez que es diputado, no importa qué haga después, se jubila como diputado. Es una profunda injusticia con el resto de las personas en condiciones de jubilarse por el Instituto de Seguridad Social de Neuquén”, sostuvo Francisco Lépore (Avanzar), que fue miembro informante del proyecto que se convirtió en ley el 21 de diciembre pasado.
“No podíamos tener ese privilegio, conviviendo con una caja deficitaria”, amplió en diálogo con Intempestiva.
El 6 de agosto, en la Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales de la Legislatura de Neuquén, se pusieron nuevamente en discusión dos proyectos (del oficialismo y del MPN) para modificar la ley enviada por Figueroa. Y se reinstaló la polémica que había llevado varias horas de debate: si los actuales diputados y diputadas (y el resto de los cargos electivos en los municipios) están alcanzados o no por la ley que se aprobó por unanimidad en la primera sesión de la nueva Legislatura.
Figueroa hizo pública su renuncia a la jubilación especial el 20 de diciembre y el 21, antes de la sanción de la ley en particular, hizo lo mismo el bloque del MPN. Ambas notas quedaron en el diario de sesiones y la versión taquigráfica. La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) anunció que renunciaría, lo mismo que Cielubi Obreque (MPN), Claudio Domínguez (MPN) y el propio Lépore (Avanzar).
Varias legisladoras adelantaron que también firmarían el renunciamiento y en los meses siguientes, el área de jubilaciones del ISSN recibió notas de diputadas y diputados de la actual composición que señalaron que no elegirán el plan especial para jubilarse.
La diputada Gisselle Stillger (Arriba) presentó su renuncia al ISSN por Mesa de Entradas en enero y Obreque lo hizo en la nota que firmó digitalmente todo el bloque, junto con Domínguez. Al igual que Lépore, la enviaron a la Dirección de Jubilaciones del organismo provincial.
Pero la renuncia es declarativa y no se hizo un listado, sino que “se adjuntó a sus legajos” para cuando se jubilen, según precisaron desde el ISSN. En el momento de firmar los trámites jubilatorios podrán reafirmar lo que firmaron en 2023 y 2024, o simplemente indicarle al administrativo del ISSN que se jubilan por la Ley Especial 1282 porque nadie está obligado a renunciar a sus derechos, aunque estén en una carta de renuncio.
Durante el tratamiento de la ley modificatoria quedó en claro que el cese del régimen especial de jubilación para las autoridades electas no solucionará el déficit previsional de la caja jubilatoria provincial (ISSN). Y que la Legislatura no avanzará con los privilegios jubilatorios de funcionarios y magistrados del Poder Judicial (Ley 858) que sextuplican a las jubilaciones especiales de las y los que fueron funcionarios electos.
Los privilegios son “un tema que siempre está en discusión, no importa qué porcentaje significa del déficit, sino si está bien que el diputado tenga una jubilación común o una más gravosa, como la que estoy proponiendo. La nota, no sirve para nada”, soltó el diputado Domínguez (MPN), autor del segundo proyecto que está en comisión ahora para derogar la ley que salió en diciembre.
Segunda discusión, más exigencias
En la votación del 20 y 21 de diciembre, cuando impusieron su postura de eliminar los beneficios jubilatorios especiales para las nuevas generaciones de funcionarios electos, no se aceptaron otras incorporaciones: todas las otras sugerencias al despacho del oficialismo perdieron la votación. Siete meses después de la derogación de los privilegios, el oficialismo reinstaló el tema del régimen especial en las comisiones, para modificarlo.
La iniciativa surgió en enero y fue el Ejecutivo el que presentó nuevamente la modificación para los cargos electivos. La discusión recaló recién el 6 de agosto pasado en la Comisión de Trabajo, que preside Lépore, aunque no se avanzó en un despacho. La propuesta busca aumentar las exigencias de acceso jubilatorio de privilegio para las actuales autoridades. Los que elijan hacer uso de la ley especial deberán tener, como mínimo, 15 años de aportes a la caja provincial.
El proyecto de Domínguez, según explicó a Intempestiva, plantea la derogación de la ley de privilegios (no sólo establecer criterios más estrictos para las actuales autoridades electas) y, como medida anexa, si quieren jubilarse por la caja provincial con el sueldo de diputado, intendente o concejal deberán hacerlo a partir de los 65 años, tener 20 años de aportes al ISSN y que continúen realizando aportes a la caja provincial aunque estén jubilados.
Indicó, además, que para establecer la jubilación se promedien los últimos 15 años.
Qué dice la ley especial y la jubilación ordinaria
La jubilación especial prevista en la Ley 1282 dice que las personas que en algún momento de la vida activa tuvieron un cargo electo y que tienen más de 10 años de aportes en el ISSN, se podrán jubilar con el 80% del sueldo que se pague de ese cargo en actividad (diputados, concejales, intendentes).
La ley sancionada en diciembre derogó estas condiciones especiales hacia adelante, pero, por el principio de irretroactividad de la ley, los actuales electos se podrán retirar con el régimen especial.
Para una jubilación ordinaria, en la provincia se computa para el haber jubilatorio, el promedio de los mejores tres años de sueldos en los últimos cinco años de actividad, con un mínimo de 30 años de aportes al régimen de jubilaciones y, de esos, al menos 11 en la caja provincial.
En el caso de los magistrados, la ley de privilegios jubilatorios le suma para la antigüedad (además de considerar el parámetro del sueldo del activo cuando estuvo en el cargo) el tiempo de ejercicio de la abogacía (a diferencia del resto de los trabajadores, que computa el tiempo de aportes al ISSN).
Los números que se ventilaron en la sesión de diciembre de 2023 dieron 184 jubilaciones en la caja provincial por la Ley Especial 1282 (2023) y 849 de funcionarios judiciales con privilegios. Los cargos electivos de la 1282 involucraban un 1,2% de las erogaciones por jubilación y en el caso de jueces y juezas, un 7,7%.
Otras voces
Desde el Sindicato de Trabajadores Legislativos, Pablo Godoy dijo a Intempestiva que el posicionamiento histórico de ANEL fue el rechazo de las leyes que generan privilegios respecto del resto de los trabajadores que están en el régimen ordinario (Ley 611).
“Los que aportamos tanto tiempo de carrera y de forma estable en organismos públicos estamos en condiciones de desigualdad con una persona que, por el solo hecho de haber accedido cuatro años a una banca de diputado, tiene privilegios. Fue un buen gesto de la clase política quitar ese privilegio, aunque no sea la solución al déficit de la caja jubilatoria”, dijo.
Por otra parte, cuestionó que mientras desde el Ejecutivo se impulsó esta ley “luego se aumentan los aportes jubilatorios a todos los trabajadores en actividad para resolver una cuestión de la caja y obra social, cuando esto lo teníamos resuelto con el fondo anticíclico”.
Para Raúl Dobrusín, ex diputado provincial y actual dirigente de Unidad Popular, “una persona no puede negar sus derechos. Por más que alguien diga que no la va a usar, si al momento de jubilarse lo pide, no se le puede negar”. Agregó que “hay una realidad que son (sólo) 35 diputados y esto no afecta casi en nada a la caja. Simplemente, fue para quedar bien, más que algo positivo”, finalizó.
