El Presidente Javier Milei publicó en el Boletín Oficial la creación de cuatro empresas sociedades anónimas, compuestas accionariamente por Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Energía Argentina S.A., denominadas: Chocón Hidroeléctrica S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica S.A., Alicurá Hidroeléctrica S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.
Pero las empresas nacionales se encuentran en el listado de empresas a privatizar (Nucleoeléctrica Argentina SA y Energía Argentina SA), es decir que una vez aprobada la Ley Bases, el Gobierno Nacional podría vender los paquetes accionarios a las mismas operadoras o a otras empresas de su agrado. Lo grave de esta situación es que las provincias de Neuquén y Río Negro no hemos sido convocadas ni a ser parte ni a discutir sobre el futuro de las seis represas hidroeléctricas, cuyo insumo principal es el agua y que, como recurso natural, pertenece a las provincias.
Resulta redundante, pero indispensable recordar el texto del artículo 124 de la Constitución Nacional: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Este texto fue incorporado en la reforma constitucional de 1994, como una de las grandes definiciones a favor de las provincias. Este artículo permitió, por ejemplo, a las provincias patagónicas recuperar el manejo del petróleo y el gas, transformándose, ley corta mediante, en quienes otorgan las concesiones hidrocarburíferas.
Pero esto no ha ocurrido con los ríos y la energía hidroeléctrica que producen, siendo este recurso natural uno de los más importantes para las provincias patagónicas. Sigue en manos exclusivamente de la Nación. En el caso de Neuquén y Río Negro, las seis represas sobre los ríos Limay y Neuquén (Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún, Chocón y Arroyito, sobre el Limay, y Planicie Banderita sobre el Neuquén) siguen siendo administradas por Nación a través de CAMMESA y comercializando su energía, que en la actualidad representa casi un 40% de la energía hidroeléctrica del país, sin compartir un peso con las provincias dueñas del recurso. No exageramos si decimos que estas seis represas son el motor energético de Argentina.
Como mencioné, en 1994, mediante la reforma constitucional, se otorgó a las provincias la propiedad de sus recursos naturales, entre ellos sus ríos. Pero un año antes, en 1993, el entonces presidente, Carlos Menem, llevando adelante una extendida política privatizadora, otorgó en concesión por treinta años estas seis represas, principalmente a multinacionales estadounidenses, que luego algunas fueron transfiriendo a otras de otros países. Si bien algunas provincias intentaron discutir la extensión de estas concesiones o incluso transformarse en quienes debían controlarlas, finalmente decidieron esperar pacientemente los treinta años para poder recuperar el manejo de las represas y principalmente de sus ríos.
En agosto de 2023 comenzaron a vencer las concesiones y el Estado nacional, a través de la Secretaría de Energía, ha ido extendiendo las concesiones en forma ilegal. Durante el actual gobierno de Javier Milei y también durante el anterior de Alberto Fernández. En este caso, el centralismo porteño no distingue ideologías.
A media lengua, el actual presidente y funcionarios de su gobierno han dicho que han prorrogado las concesiones a fin de preparar nuevas licitaciones, pensando no cumplir con la manda constitucional del mencionado artículo 124. De hecho, pronto a cumplirse un año del vencimiento de las concesiones hidroeléctricas, la Nación sigue administrándolas sin la más mínima participación de las provincias.
Las millonarias sumas provenientes de la venta de la energía eléctrica que deberían ingresar a las provincias de Neuquén y Río Negro sigue yendo a los bolsillos de las multinacionales y del Estado nacional a través de los impuestos. Las provincias de Neuquén y Río Negro le han puesto un valor al precio del agua como una forma de participar en la distribución de las cuantiosas sumas de dinero que la venta de energía eléctrica genera. ¿Es esta una solución aceptable a la luz del artículo 124 de la Constitución Nacional? ¿Seríamos dueños de nuestros ríos por el hecho de venderles el agua? El manejo de las represas implica un control sobre el manejo de ambos ríos, la suba y baja de sus caudales, su control ambiental, la utilización para riego, para consumo humano, etc., etc., etc.
Recuperar el manejo de los ríos Limay y Neuquén permitiría a las provincias de Neuquén y Río Negro planificar su desarrollo, canalizar para regar nuevas zonas, fundar nuevas ciudades o centros productivos, comercializar el agua y tantos usos que el agua dulce puede tener. Ante un Gobierno que parece dispuesto a apropiarse por la fuerza del manejo de nuestros ríos y a seguir quedándose con lo producido de las seis represas hidroeléctricas, las provincias patagónicas tenemos el desafío de estructurar una lucha que nos permita recuperar El Chocón, las demás represas y los ríos Limay y Neuquén.
- Mariano Mansilla – abogado y ex diputado provincial por el FdT
